Mediante disposición n° 10, el fiscal Marco Antonio Espíritu Matos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra el exgobernador Luis Picón Quedo, el ex vicegobernador Jhony Julián Miraval Venturo; así como los exfuncionarios Rogelino Guzmán Jiménez, Jaime Céspedes Roldan y Gennadio Orihuela Mercado, como presuntos autores de la comisión del delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco).
Además, Rogelino, Jaime, Gennadio y Deivis Neil Sumarán Herrera (representante legal de la empresa Virgen de Fátima), son investigados por la presunta comisión del delito de falsedad genérica.
Entre las diligencias programadas está requerir al gerente de presupuesto del Gorehco para que informe si la obra: “Mejoramiento de prestación de servicios de salud del centro de salud de Singa, distrito de Singa, provincia de Huamalíes” estaba registrada en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2014 y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2014. También fueron considerados las declaraciones de investigados y testigos, las cuales fueron programadas desde el 25 de julio al 3 de agosto del 2022.
IMPUTACIÓN. Miraval Venturo en su condición de presidente encargado del Gobierno Regional de Huánuco, mediante resolución ejecutiva regional n° 1590-2014 aprobó el expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento de prestación de servicios de salud del centro de salud de Singa”, por la suma de S/ 3’925,729.78 pese a que existía varias irregularidades: no existía el tomo IV respecto a las partidas de equipamiento médico y mobiliario; no presentaba relación de equipos, pues únicamente tenía definido el presupuesto global por la suma 567,493.95 soles; el expediente técnico fue elaborado sin las recomendaciones del Reglamento Nacional de Metrados y Edificaciones.
A la fecha de aprobación del expediente técnico no tenía el saneamiento físico legal; desarrollaron un expediente técnico sin la aprobación de la cartera de salud; la arquitectura no estaba dentro de los parámetros y normativas de centros de salud del Perú; el expediente presentaba incompatibilidad al no considerar instalaciones eléctricas en todos los módulos proyectados y la no inclusión de las demoliciones de infraestructuras existentes; existían incompatibilidades en el área de proyecto señalados en el expediente técnico con la ficha que aparecen en Registros Públicos.
Pero, además, imputan a Miraval Venturo de interesarse de manera directa en la contratación del Consorcio Virgen de Fátima para que ejecute el referido proyecto.
Pero, además, la convocatoria para la ejecución fue realizada sin contar con la disponibilidad presupuestal y fue expedido sin las firmas de los funcionarios competentes.
El entonces presidente regional Luis Picón Quedo (período 2011-2014) intervino en el proceso de selección, porque fue él quien designó a los miembros del comité mediante Resolución Ejecutiva Regional n° 2444-2014 del 31 de octubre del 2014 y como titular de la entidad y máximo funcionario del Gobierno Regional de Huánuco tenía conocimiento del desarrollo del proceso de selección LP Clásico n° 25 -2014.
Fueron 27 procesos de contratación de considerables sumas que fueron realizados en el último trimestre (octubre a diciembre 2014) y debido al cargo que ostentaba, Picón Quedo sabía que no había presupuesto para la ejecución de la obra, pero pese a ello designó a los miembros del comité de selección. Asimismo, la fiscalía imputa al expresidente regional de haber firmado la resolución n° 244 el 31 de octubre del 2014 y el vicepresidente, Jhony Miraval Venturo.
Asimismo, la fiscalía imputa a Rogelino Guzmán, Gennadio Orihuela y Jaime Dimas en su condición de servidores públicos del gobierno regional y miembros del comité de selección LP Clásico n° 25-2014 para la ejecución del mencionado proyecto, haber cometido falsedad y realizado el trámite correspondiente para la convocatoria del proceso de selección pese que el documento denominado certificación presupuestal de previsión no estaba aprobado, por lo que resultaba un documento sin validez y no tenía presupuesto.
Dirigieron el proceso de selección y otorgaron la buena pro, a pesar que tenían conocimiento que no contaba con presupuesto para la ejecución de la misma, conducta con la cual alteraron la verdad intencionalmente. Simularon como si existiría presupuesto causando un perjuicio al Estado, empleando personal y material logístico en el desarrollo del proceso, así como un grave perjuicio económico potencial a la entidad con la incoación del proceso de arbitraje por parte de la empresa ganadora de la buena pro Consorcio Virgen de Fátima.
DENUNCIA. Fue el exgobernador regional, Rubén Alva Ochoa (periodo 2015 – 2018) quien presentó la denuncia penal contra Picón Quedo y funcionarios responsables de llevar a cabo los procesos de selección en el último trimestre de la gestión 2011-2014, aduciendo que los procesos de selección señalados en su escrito de denuncia en las cuales ubica el proceso de selección de LP n° 025-2014 no cuentan con la certificación presupuestal como lo exige el plan anual de contratación.
Asimismo, precisa que el Gorehco, a diciembre del 2014 solo disponía de un saldo presupuestal de seis millones suma con la que era imposible cubrir las demandas de los proyectos sometidas a proceso de selección, las mismas que ascienden a un total de 111’607,760.88 soles que estaban comprometidas a los 27 procesos de selección, entre las que está el proceso LP N°025-2014 cuyo valor no está consignado en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) correspondiente al 2014.
