La Fiscalía de la Nación informó este miércoles que ha solicitado información a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Defensa (Mindef) y Ministerio del Interior (Mininter) sobre los hechos de violencia ocurridos en las protestas de diciembre de 2022 y enero de este año.
La solicitud de información se da en el marco de la investigación preliminar que se le sigue a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otros funcionarios, informó el Ministerio Público.
El titular de la PCM, Alberto Otárola, ha aseverado que el Gobierno está apoyando firmemente las investigaciones de los hechos trágicos ocurridos en las últimas semanas.
Precisamente, ayer en la mañana se realizó la última necropsia de los fallecidos en Juliaca el 9 de enero. “Tenemos la información de que los 17 civiles murieron por proyectil de arma de fuego (PAF)”, declaró el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chavez Cotrina.
Con esto desmiente la versión del supuesto cambio en el motivo de deceso por ondas o armas punzocortantes. “Dicen que hemos enviado fiscales de Lima para cambiar los protocolos de necropsia, eso es falso. Todo lo ha visto el fiscal Guido Pilco”, afirma.
También desmiente que la investigación fiscal se haya abierto por crimen organizado. “Eso es falso. La investigación preliminar por 60 días está tipificada por homicidio calificado y lesiones graves”, asegura Chavez Cotrina.
Asume que la confusión se originó porque el fiscal Pilco pertenece a las fiscalías contra el crimen organizado, pero su participación no significa que ese sea el delito. “Ocurre que el fiscal Pilco es el que ha estado desde el primer momento, desde el levantamiento de cadáveres y necropsias. El va a completar las diligencias urgentes, como entrevistar a los familiares de las víctimas, y hoy o mañana, la investigación va a ser evacuada a la fiscalía penal competente en Puno”, añadió.
