La fiscal provincial provisional Laura Núñez Aquino, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, emitió una resolución disponiendo que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria en lo que respecta a los hechos por la obra mal ejecutada de la carretera Monopampa – Puente Chorropampa, en la provincia de Pachitea.
Entre otros detalles de esta obra paralizada, se evidenció que el 99.5% de la ejecución no se cumplió de acuerdo al expediente técnico y se efectuaron pagos injustificados por más de 10 millones de soles a la empresa que intervino en la construcción.
En la Disposición Fiscal N° 1, emitida el 9 de julio 2025 y notificada la semana anterior, señala que no procede investigar a las ocho personas identificadas y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión agravada, en agravio del Gobierno Regional de Huánuco.
En la Disposición Fiscal no se encuentra responsabilidad en los hechos como la ejecución de la obra fuera del trazo original aprobado por el expediente técnico, sin contar con aprobación del Gobierno Regional Huánuco, ocasionándose un perjuicio.
También no le encuentra responsabilidad en la labor del supervisor, que en supuesta concertación con el ejecutor el Consorcio Pachitea, habría favorecido con la aprobación y tramite de las valorizaciones de los meses de abril, mayo y junio 2022, por 361,241.79 soles, por el cual se avaló trabajos mal ejecutados, permitiendo al contratista variar el trazo del eje durante la ejecución de la obra sin la aprobación del Gobierno Regional.
Asimismo, por el tercer hecho de que, el Centro de Arbitraje Mofima, a través de la expedición del Laudo Arbitral del 04 de julio del 2024, ordenó el pago de las valorizaciones de los meses de abril, mayo y junio por el monto de 361,241,79 soles, pese a tener conocimiento que dichas valorizaciones se encuentran mal ejecutadas.
El argumento usado en la disposición es que, previo a iniciar una investigación, es necesario que el órgano de control emita un informe para ver si hay responsabilidad, cuando es tarea de la fiscalía investigar el hecho e identificar la existencia o no de un delito. Lo que significa que en vez de continuar con la investigación fiscal, le pasa la responsabilidad a la Contraloría General de la República para que primero encuentre a los responsables, y luego la Fiscalía recién lo investigará. Una abdicación de sus funciones de defender el interés público como fiscal.
“Pese a ello, a los hechos cuestionados en informes emitidos por funcionarios de la propia entidad presuntamente agraviada con información por mero trámite, la Apoderada Legal de la Procuraduría Pública Anticorrupción Huánuco, sin antes realizar labores previas, por ser una obra de gran envergadura valorizada en 32’836,080.39 soles, es decir previamente solicitar al Órgano de Control Institucional-CGR, si a la fecha existe un informe de control, en el cual se deslinde las responsabilidades respecto a los hechos cuestionados, efectuó su denuncia penal por la presunta comisión del delito de colusión agravada…”, cuestiona la fiscal en parte del documento.
Además, señala que “siendo ello así los hechos contenidos en la denuncia presentada…aún no ha sido agotada la vía administrativa, por cuanto no se tiene información de la existencia de algún tipo de Informe de Control de Auditoría”.
Por ello en su, segundo punto de la disposición determina remitir la carpeta fiscal y sus respectivos anexos en original al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Huánuco, para que emita el Informe de Control Posterior correspondiente por ser de su competencia, y ordene o disponga se atienda conocer el caso de manera previa.
En su tercera Disposición Fiscal, remite copia certificada al Contralor General de la República de Lima, por ser de su competencia, y ordene o disponga se atienda conocer el caso de manera previa, conforme a lo analizado y fundamentado.
En conclusión, la Disposición Fiscal pone en evidencia la falta de capacidad de investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, a partir del cual cualquier denuncia que se detecte en la gestión pública y sea detectado por ciudadanos, medios de comunicación o funcionarios de las entidades estatales, según el argumento de la fiscal, necesariamente requiere que la Contraloría de la República emita un informe de control.
