En el caso ‘Los Negociadores de la Región’, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso la liberación de los ocho detenidos incluyendo Juan Manuel Alvarado Cornelio, pero dicha persona no podrá salir de prisión, porque en el caso de las laptops el ex gobernador de Huánuco afronta una acusación fiscal junto a otras nueve personas.
En la audiencia de control de acusación desarrollada el 25 de junio, el fiscal Iván Carrión Cabrera, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco expuso los hechos, los elementos de convicción, la reparación civil. El caso complejo está plasmado en cinco tomos, por lo que la próxima audiencia está programada para el 19 de julio a las 8:30 de la mañana, donde el representante del Ministerio Público deberá exponer las penas que les correspondería a cada uno de los investigados por los delitos de colusión agravada y simpe.
En este caso, la fiscalía está acusando a Alvarado Cornelio, Luz Janeth Rodríguez Ramos, Darwin Frank Campos Soto, Limber García Tafur, Bertha Ada Gonzáles Soto, Eden Kaid Lavado Loarte, Freddy Hernando Najera Valentín, Luis Bedregal Gonzáles y Diego Hugo Bances Ballon por el delito de colusión agravada. Mientras que Luis Felipe Serna Acosta representante del grupo Deltron es acusado del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio de la Contraloría General de la República.
El fiscal está solicitando para cada uno de los investigados 12 años de cárcel por el delito de colusión agravada y si en el juicio oral no logra probar el perjuicio económico causado al gobierno regional, la pena alternativa es de 5 años por el delito de colusión simple.
CASO. La investigación realizada por la fiscalía para acusar a diez personas, entre las que está el ex gobernador de Huánuco, sus exfuncionarios, empresario y representante legal inició con el informe de la Contraloría de la República sobre el proceso de adquisición de 7995 computadoras portátiles para proyecto «Mejoramiento de los servicios pedagógicos de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Huánuco», el cual habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Gobierno Regional de Huánuco por el monto de 23’225,490.04 soles. Para la fiscalía el acuerdo colusorio está acreditado por la celeridad injustificada para la suscripción de la Resolución Ejecutiva Regional n° 897-2019 con el cual aprobó la estandarización de los 7995 laptops y dispuso que la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares realice la contratación a través del catálogo electrónico de Acuerdo Marco por el aplicativo Perú Compras.
Pese a la observación de la compra, los involucrados procedieron a la estandarización y sabiendo que el procedimiento excepcional no tenía sustento y no había necesidad de comprar laptops de la marca Lenovo continuaron con el proceso esto luego de sostener una reunión de urgencia el entonces gobernador y su personal de confianza.
