En el caso están comprendidos dos exalcaldes de Tomay Kichwa y el ex jefe zonal de Agro Rural Huánuco, Eduardo Málaga Valverde
Tras declarar fundada la apelación; el fiscal superior especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Huánuco, Renato Alejos Vilchez, anuló la disposición de la fiscal Reyna Eliana More Chumacero, quien archivó la denuncia por presuntas irregularidades técnicas y de manejo presupuestal en la construcción (alteración) de una represa en la laguna de Estanco en el distrito de Tomay Kichwa; y ordenó emitir nuevo pronunciamiento.
La obra en cuestión, formó parte del proyecto “Mejoramiento de los canales de irrigación de la margen derecha del distrito de Tomay Kichwa – Ambo” con una inversión global de S/ 24’916,166.95.
“Si bien existe pronunciamiento extenso sobre los hechos materia de investigación, no responde en forma puntual y coherente los hechos relevantes, pese a que esta fiscalía superior ya había delimitado y orientado”, refiere Alejos Vilchez, en el documento mediante el cual ordena corregir la incorrecta investigación de More Chumacero.
Tanto la Procuraduría Anticorrupción de Huánuco, como los denunciantes Roberto Quispe Alegría y Luis Ferrer Tello, apelaron la decisión de la referida fiscal que dispuso no formalizar ni continuar investigación preparatoria sobre el caso por presunta comisión de colusión y negociación incompatible, en el que fueron comprendidos los ex alcaldes del referido distrito: Moisés Trujillo Herrera y Sandro Garay Lara; además del ex jefe zonal de Agro Rural Huánuco, Eduardo Málaga Valverde.
Fue mediante Disposición Fiscal n° 07 del 30 de octubre 2020 que More Chumacero, archivó el caso por segunda vez; en el 2017 hizo lo mismo.
Obsesión por la obra
En el año 2000, con una inversión de 68 mil soles fue construida una represa en la laguna de Estanco, la misma que estaba funcionando de manera correcta.
Cuando ingresó a la alcaldía Sandro Garay Lara (2011-2014), gestó el proyecto “Mejoramiento de los canales de irrigación de la margen derecha del distrito de Tomay Kichwa – Ambo” para represar las lagunas de Estanco y Cushuro y construir diez canales con inversión de Agro Rural.
Para el caso de Estanco, el expediente señalaba levantar un muro de 9.80 metros de altura por 30 de largo, con una inversión de S/ 1’488,566.83. Pero como ya había la represa que satisfacía las necesidades de la población, replantearon el expediente solo para adicionar en la altura una dimensión de 1.5 metros, con una inversión de S/ 407,447.80.
Según el denunciante, Quispe Alegría, el Programa Especial Alto Huallaga observó dicho proyecto. “El denunciado (Sandro Garay) tenía una obsesión por la construcción de esa represa”, señala en el documento de apelación.
En la gestión de Moisés Trujillo (2015-2018), el proyecto replanteado es ejecutado a cargo del Consorcio Presas y Canales, el mismo que dejó inconclusa. Estanco y parte de algunos canales no fueron acabados, por lo que Agro Rural intervino por administración directa.
El en documento de apelación, Quispe Alegría, resalta que en la carpeta fiscal hay un acta propiciada por la Contraloría, en el que se revela que el ex alcalde Sandro Garay fue subcontratista del Consorcio Presas y Canales.
Apelación fundada
La apelación de los denunciantes fue planteada, toda vez que la fiscal More Chumacero no habría realizado lo necesario para conocer, por ejemplo, que la construcción sobre una represa ya existente no tiene autorización; tampoco indagó sobre la viabilidad para ejecutar el presupuesto final de S/ 407,447 (costo directo); si se reformuló o no el expediente; ni se explica las razones por qué Agro Rural resolvió el contrato con el Consorcio Presas y Canales y en qué porcentaje de avance lo abandonó.
Quispe Alegría cuestionó el trabajo de la fiscal, por qué no llamó a declarar a los miembros del comité de selección que fue sorprendido por el Consorcio Presas y Canales al presentar su propuesta técnica con la firma de un ingeniero que nunca trabajo para dicho proyecto.
Tampoco indagó qué penalidades aplicó Agro Rural a Presas y Canales por incumplir el contrato, o cómo es que aceptaron la carta fianza de una financiera quebrada.
Preguntas a resolver
En su decisión, el fiscal superior Alejos Vilchez, solicita nuevo pronunciamiento resolviendo una serie de detalles e interrogantes, entre ellos respecto a la buena pro otorgada al Consorcio Presas y Canales, pese a que el ingeniero Edilberto Guerra Taquia sostuvo que nunca consintió para ser propuesto como gerente de obra.
Guerra Taquia dijo que nunca laboró en la obra y que no conoce al ingeniero Francisco Goñe Alejandro, quien a su vez respondió que laboró en la construcción solo como asistente técnico a tiempo parcial, pero no como residente de obra, mucho menos fue propuesto en el proceso de selección como tal, toda vez que no podía acceder a ese cargo por no tener la experiencia suficiente; además negó conocer a Guerra Taquia.
“Dichos testimonios ponen en cuestión la transparencia y licitud no solo del proceso de licitación pública y contrato entre Agro Rural y el Consorcio Presas y Lagunas, sino también la ejecución del proyecto, por cuanto ambos profesionales niegan su firma y sello en el Informe n° 001-2014-FGA del 11 de noviembre 2014, supuestamente elaborado por el gerente de obra Francisco Goñe Alejandro, mediante el cual se requirió la reformulación del expediente técnico en una parte del proyecto (para el caso de Estanco)”.
¿Solo se limita a una presunta comisión de falsificación de documentos o éste es un delito medio, para la consumación de colusión o negociación incompatible?, se pregunta el fiscal superior.
También pide aclarar qué acciones emprendió Agro Rural Huánuco en defensa de los intereses del Estado, en particular sobre las cartas fianza que ofreció el indicado consorcio; así como precisar ¿cuál fue el destino de la diferencia? si inicialmente consideraron S/1’488,566.83 y luego modificaron a S/407,477.80.
