Al cumplir los siete días de la detención preliminar, ayer, pasada del medio día fue trasladada desde la sede policial al complejo judicial de Pillco Marca, Julia Pilar Martel Carhuas (39), investigada por la presunta comisión de los delitos de usurpación agravada en agravio de diez personas, defraudación en agravio de 18 personas, falsedad ideológica en agravio de la notaria Espinoza Figueroa y estafada agravada en agravio de nueve personas.
El fiscal Harry Lihon Vidal de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco está solicitando 18 meses de prisión preventiva para Martel Carhuas. La audiencia de prisión preventiva está programada para hoy a las 8:30 de la mañana y será dirigida por el juez Alexander Vargas del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco.
Entre las diligencias que la fiscalía pretende realizar con la investigada en prisión, está recabar la declaración de testigos, agraviados, visualización, extracción de información del celular de Julia Martel, quien no quiso declarar sobre la imputación en agravio de la familia Laurencio Boza.
Fuentes del Ministerio Público, informaron que el fiscal habría solicitado al juzgado que la audiencia sea transmitida por la página oficial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, esto porque los agraviados por el delito de estafa agravada estarían siendo influenciados por la imputada y sus abogados. La finalidad del pedido sería que la población conozca los hechos que imputan a la detenida, cuya familia habría estado utilizando a sus tres menores hijos, el último de un año y nueve meses para hacer cuestionar la detención preliminar.
Incluso ayer, los policías fueron testigos, de cómo sus parientes llevaron al menor y lo dejaron con la detenida que junto a su pequeño fue trasladada. El caso fue reportado a la fiscalía de Familia para que tomen las acciones correspondientes entorno al menor.
Según la imputación de la fiscalía, Martel Carhuas en complicidad con otras personas que ya están identificadas habría usado documentos falsos para vender terrenos a terceras personas, sin imaginar que el mismo predio era vendido a otros. Incluso en la notaria tendría una cómplice que obviaba los trámites para pasar de frente los contratos de compra y venta.
Una vez realizada la minuta de compra y venta, era inscrito en la matriz (partida registral donde están todos los co-propietarios incluyendo los suegros de la ahora detenida) y no en la parcela 76 que es de la parte agraviada (esposos Laurencio Boza). El modus operandi según la fiscalía, era que, al momento de ofrecer los terrenos, ofrecía la parcela 76, pero al momento de registrarlo lo hacía en la matriz.
‘Los terrenos en Andabamba los están vendiendo físicamente, pero no legalmente, porque el comprador va al lugar constata e incluso el gancho de la notaria dice que todo está bien, pero no pueden inscribir en registros públicos porque el predio 76 ya está inscrito’, dijo otra fuente al tiempo de informar que el 5 de agosto, la Sala Penal de Apelaciones vio el caso sobre la ministración del terreno.
En primera instancia, el juez autorizó el desalojo del predio 76 a las personas que construyeron sus casas sin indagar si el terreno que compraban era el mismo.
