Un reciente informe de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la ejecución de las obras en el Tramo I de la Carretera Central, que comprende la ruta entre el Desvío Cerro de Pasco y San Rafael (Huánuco).
Según el Informe de Hito de Control N° 12047-2026-CG/MPROY-SCC, elaborado por la Subgerencia de Control de Megaproyectos tras inspecciones realizadas del 12 al 28 de agosto, Provías Nacional no cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para afrontar los compromisos financieros del proyecto en lo que resta del año fiscal, además de presentar serias deficiencias en la gestión de predios y la suspensión injustificada de trabajos.
El documento revela un agujero financiero que pone en riesgo la continuidad de la obra. Aunque la entidad dispone de un Presupuesto Institucional Modificado de 108’516,518 soles para el 2026, el reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones actualizado al 20 de agosto registra gastos programados por 129’397,488 soles, lo que genera un déficit de 20’880,970 soles.
Esta falta de liquidez entre agosto y diciembre impide cumplir con el pago de las valorizaciones del contrato principal y la emisión de las cartas de adquisición para liberar terrenos tasados, abriendo la puerta al reconocimiento de intereses legales, controversias contractuales y el inminente retraso en la entrega del tramo.
A la asfixia presupuestaria se suma una desatención crítica en la saneación de los terrenos necesarios para la vía. La Contraloría detectó que Provías Nacional no viene ejecutando la liberación de interferencias en la totalidad del trazado, incumpliendo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para estas labores se contrató al consultor Douglas Alfonso Vergaray Huamám por un monto de 354,330.63 soles, pero el servicio se limitó únicamente a un sector de 23.24 kilómetros. En consecuencia, los primeros 36 kilómetros del tramo quedaron sin cobertura contractual para el saneamiento predial, situación que compromete la disponibilidad física de la obra y amenaza con paralizaciones.
Finalmente, el órgano de control advirtió que la entidad estatal acordó suspender los plazos de ejecución aduciendo la presencia de lluvias, apoyándose en informes que carecen de la debida justificación técnica.
Esta acción, contraria a la normativa de contrataciones vigentes, derivó en la realización de pagos sin el sustento adecuado, complejizando aún más el panorama de una obra clave que tiene proyectadas inversiones multimillonarias superiores a los 743 millones de soles acumulados entre los años 2027 y 2029.
