Los reportes de violencia escolar en el departamento de Huánuco continúan en aumento y proyectan superar las cifras del año pasado. Según la plataforma digital SíseVe del Ministerio de Educación, al 15 de octubre de 2026 se contabilizan 510 casos en la región, un volumen que bordea la cifra total alcanzada en todo el 2025 (513 casos) y confirma la tendencia al alza de los últimos años, advirtió Jessenia del Pilar Berna Venturo, especialista de Convivencia Escolar de la Dirección Regional de Educación (DRE) Huánuco.
El desglose del informe oficial precisa que, en hechos ocurridos entre estudiantes, se reportaron 118 casos de violencia psicológica, 218 de violencia física y 50 de violencia sexual. Por otro lado, en los episodios donde el agresor pertenece al personal de la institución educativa frente a los alumnos, se registran 27 casos de violencia psicológica, 51 de violencia física y 46 de violencia sexual.
En el balance histórico por provincias, la UGEL Huánuco concentra la mayor incidencia con 198 reportes, seguida por las Unidades de Gestión Educativa Local de Leoncio Prado (157), Ambo (79), Pachitea (21), Marañón (19), Puerto Inca (17), Dos de Mayo (10), Yarowilca (5), Huacaybamba (5), Huamalíes (4) y Lauricocha (3).
La evolución estadística desde la implementación oficial del sistema refleja este constante incremento: tras registrarse 259 casos en 2018 y 360 en 2019, las cifras descendieron durante la pandemia a 12 (en 2020) y 17 (en 2021), para luego retomar un repunte sostenido con 266 en 2022, 337 en 2023, 374 en 2024, 513 en 2025 y los 510 actuales, número que continuará elevándose hasta el cierre del año escolar.
Berna Venturo recordó que el registro sistemático se ampara en el Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU, el cual regula la gestión de la convivencia escolar bajo tres ejes de acción: la promoción de la convivencia, la prevención ante alertas de riesgo y la atención individualizada a las víctimas.
Asimismo, la especialista destacó que actualmente el sector aplica siete protocolos de actuación dirigidos a abordar agresiones físicas, psicológicas, acoso escolar (bullying), abuso sexual y violencia perpetrada por personal educativo o agentes externos.
