El procurador público del Gobierno Regional de Huánuco, Juan Carlos Nolorve Rojas, se refirió a la denuncia que formuló el 21 de enero de este año contra el ex mandatario regional, Rubén Alva Ochoa y ex consejeros, dos ex rectores y actual rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán; además de un grupo de exfuncionarios; por el ilegal convenio para la supervisión de la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán Nivel III-I” que ejecuta el consorcio Obrainsa – Joca.
Dijo que están a la espera de la apertura de investigación por parte de la fiscalía anticorrupción. En tanto están recabando información adicional y que el caso ya fue puesto en conocimiento de la procuraduría anticorrupción a fin que tome parte del proceso.
Como informó Tu Diario, la denuncia presentada ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y peculado culposo; la suscripción del convenio n° 007-2015 del 12 de noviembre del 2015 y las dos adendas, habrían vulnerado y trasgredido lo señalado por las normas vigentes, entre ellas la Ley de Contrataciones del Estado; y se habría favorecido económicamente de manera ilegal a la Unheval, bajo un convenio mutuo ficticio.
Uno de los documentos que fundamenta la denuncia, es el informe del 8 de setiembre del 2020, del administrador de la obra, Marco Argandoña Mendoza, quien señala que el convenio fue suscrito sin considerar la real capacidad técnica de los profesionales de la Unheval; y fue desnaturalizado por pagos, cuando su finalidad fue sin fines de lucro. Indica que el gobierno regional desembolsó un total de S/ 3’048,923 a favor de la Unheval.
“Persiguió un fin lucrativo, ya que a pesa que la Unheval tenía dentro de sus compromisos del convenio de supervisión absolver las consultas del consorcio ejecutor; por su falta de idoneidad y capacidad técnica causó la paralización de la obra por 177 días, por la que se pagó 386,450 soles extras por concepto de mayores prestaciones como consecuencia de la ampliación de plazos”, detalla la denuncia.
A inicios del 2019, al surgir las controversias; mediante Resolución Ejecutiva Regional n° 283-2019 del 02 de abril 2019, fue declarado nulo de oficio el referido convenio entre el Gorehco y la Unheval. En tanto, mediante Resolución n° 1586, el Consejo Universitario de la Unheval, por su lado, también resolvió “por caso fortuito” el referido convenio; señalando, además, falta de pago de las valorizaciones de noviembre y diciembre 2018 y enero del 2019.
La denuncia también indica que al momento de firmare el convenio (2015), la Unheval no tenía dentro de sus funciones el proporcionar servicio de supervisión de obras, y que recién el 5 de julio del 2018, incluyó en sus estatutos, tal función.
Sobre el tema, el vicegobernador regional, Erasmo Fernández, quien en el 2015 era decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Unheval, dijo que el convenio fue firmado sin hacer consultas y por disposición del entonces rector, Guillermo Bocangel. “La Unheval actuó como un contratista más, lo que no es el objetivo de un con venido”, dijo.
