La difusión de un reportaje periodístico en el cual se reveló que, Beatriz Benique Quispe, una humilde vendedora de desayunos en una calle de Villa El Salvador en Lima, aparece como accionista de una empresa que ganó licitaciones por más de 2,500 millones de soles de soles, remeció el escenario político nacional.
Según el reportaje periodístico de Panorama, la mujer sobrevive con apenas 30 soles al día vendiendo desayunos en la calle, negando conocer y mostrándose desconcertada, afirmando que jamás firmó nada, ni tiene vínculo alguno con constructoras, menos aún con licitaciones de muchos millones de soles.
Sin embargo, figura como como accionista del 50% de la empresa Consultoría y Construcción Grupo Pérgola S.A.C., en el que obtuvo contratos públicos que superan los 2,500 millones de soles en contratos con los gobiernos regionales de La Libertad, Ayacucho, Huánuco, como también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la Sunat.
La empresa, mediante un escueto comunicado, negó que Beatriz Quispe sea la accionista, pero en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), su nombre figura claramente.
REACCIONES. La especialista nacional en contrataciones públicas, Cecilia Ruiz, expresó que nunca vio un caso similar en toda su experiencia profesional, que no tiene lógica y que el Registro Nacional de Proveedores debe revisarlas a fondo, porque cuando se trata de contratos públicos, no se puede decir faltó actualizar o no lo sabía, lo que constituye una infracción grave, al evidenciarse en este caso la existencia de una estructura que sabe cómo moverse entre los vacíos del sistema.
Por su lado, el analista político Eduardo Herrera, expresó que ha quedado en evidencia el tráfico de identidades, planteando interrogantes ¿Cómo se firmó una escritura pública sin que el notario verifique la identidad real de la accionista? ¿Quién fue a firmar en su nombre? Este caso revela un sistema fraudulento que opera con total impunidad”.
Esta situación pone en evidencia no solo la posible suplantación de identidad, sino un patrón más amplio: personas de escasos recursos convertidas en fachadas de consorcios millonarios, blindados por mecanismos de silencio, complicidad y omisión, lo que supone que este escándalo podría ser solo la punta del iceberg. Porque si alguien que vive del día a día puede figurar como dueña de una empresa que maneja miles de millones del Estado, ¿qué tan podrido está el sistema?
EN HUÁNUCO. En el caso del departamento de Huánuco, el 24 de agosto del 2023, el comité de selección del Gobierno Regional Huánuco, presidido por Edwin Fernández Cotrina e integrado por Joel Primo Isidro y David Caqui Acosta, procedió a la licitación y adjudicación del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud estratégico de Baños, del distrito de Baños, provincia de Lauricocha”, por el monto de 38’253,053.53 soles.
El adjudicado es el Consorcio Salud Lauricocha, integrado por las empresas Consultora & Construcción Grupo Pergola S.A.C. y la empresa Riva S.A. Inmobiliaria, Industrial, Comercial, Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú (que se encontraba suspendida desde el 31 de agosto, pero con medida cautelar del Poder Judicial se le habilitó el 4 de setiembre de 2023), habiéndose suscrito el contrato entre las partes, el 5 de octubre del 2023.
En el contrato suscrito, no se le pidió la presentación de la Carta Fianza del 10% del monto total del contrato, sino que la empresa se acogió al fideicomiso por el 10% del adelanto que le correspondía.
GOREHCO. Ante el escándalo generado, a instancias de los periodistas, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, convocó a sus principales funcionarios, y luego de reunirse con ellos, brindó declaraciones a la prensa, donde expresó que también se sorprendió por las revelaciones periodísticas.
Conjuntamente con su gerente de Administración y del gerente de Asesoría Legal, defendió la actuación del Gobierno Regional Huánuco, asegurando que no se cometió ninguna irregularidad en el proceso de adjudicación y contratación con el Consorcio Salud Lauricocha, bajo el argumento que la contratación se efectuó con los empresarios que acreditaron estar correctamente inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, por lo cual deslindó responsabilidades con dicha entidad, y con la Contraloría General de la República que efectuó el control concurrente a este proceso de licitación y contratación.
Asevero que, en caso no hubiese suscrito el contrato, la empresa ganadora hubiese recurrido a denunciarlo ante el Ministerio Público, por abuso de autoridad, y que recién ahora se enteró periodísticamente de lo que ocurre con la empresa que integra el consorcio que ganó la licitación.
Al ser consultado sobre las acciones que emprenderá, ante este escándalo, Pulgar señalo que continuarán monitoreando la ejecución de la obra, como ocurre con todas las demás.
Algo +
Son 42.1 millones de soles el costo actualizado de la obra, que supuestamente debería concluirse en el presente año.
