La Contraloría General detectó irregularidades en el servicio de gestión de residuos sólidos para el Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano. Los funcionarios de la entidad pagaron a la empresa por volúmenes mayores de recojo, transporte y disposición final de residuos, lo que generó un perjuicio económico de S/ 264 mil.
Según el Informe de Control Especifico N.° 012-2024-2-4764-SCE, durante el 2022 y 2023, la empresa a cargo de prestar el servicio recibió pagos en exceso, las cantidades de residuos hospitalarios recogidos por la empresa durante ese periodo no coinciden con el control de registro de la oficina de epidemiología y salud ambiental del hospital.
Entre el 24 junio y 22 julio del 2022, la mencionada oficina reportó 33 868 kilos de residuos generados; sin embargo, los funcionarios otorgaron la conformidad al contratista por 49 495 kilos, volumen mayor con respecto a lo verificado en el comprobante de pago que la empresa presentó a la entidad, por lo que servidores públicos pagaron a la empresa S/ 88 597, cuando debió pagarse solo S/ 60 623.
Estos pagos en exceso se repitieron durante 12 meses. La entidad pagó por el recojo de 147 toneladas más de residuos hospitalarios, cuando en todo ese periodo solo debió pagar por la gestión de 195 toneladas, teniendo en cuenta que la entidad estableció que el precio unitario por cada kilo de residuo recogido y transportado, hasta su disposición final, debía ser de S/ 1.79. Estos pagos en exceso generaron un perjuicio de S/ 264 792.
Además, la empresa adulteró las boletas de pesaje. En algunos casos el código QR de las boletas no coinciden con el número de las boletas, se presentaron boletas de pesaje falsos para sustentar que sus vehículos ingresaron a la entidad a prestar el servicio, pero al verificar el cuaderno de ocurrencias de la empresa de vigilancia, los vehículos no ingresaron en varias ocasiones. Pese a ello, los funcionaros públicos dieron conformidad sin antes observar las boletas de pesaje, con lo que la empresa sustentó la prestación del servicio.
Por estos hechos se halló responsabilidad en trece funcionarios públicos, cuatro de ellos con responsabilidad sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General, diez con responsabilidad administrativa y uno con responsabilidad penal. Se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales contra los responsables. El informe está publicado en el Buscador de Informes de Control.
