El Tribunal Constitucional (TC) emitió su fallo en contra de la prescripción de deudas tributarias por 9 mil 258 millones de soles que tienen con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), 158 grandes empresas como Odebrecht, Graña y Montero, Telefónica del Perú, Latam Airlines, Minera Buenaventura, Southern Perú, entre otras. El órgano supremo rechazó la demanda del Colegio de Abogados de La Libertad con 4 votos a 2.
Este fallo permitirá que las controversias tributarias que el Estado tiene con ese grupo de contribuyentes continúen litigándose en sede administrativa y judicial y, en caso se obtenga una decisión favorable, podrá ejecutar el cobro de tales deudas. “La Administración Tributaria queda habilitada para seguir discutiendo estas deudas determinadas en las instancias legales correspondientes, conforme a un Estado de derecho”, anotó el superintendente nacional de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo.
CON MÁS DEUDAS
Según la ministra de Economía, María Antonieta Alva, las deudas en controversia de 158 empresas que afectan los ingresos al Estado peruano, datan del 2012. Estas, que forman parte de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, habrían alargado el proceso para evitar el pago que asciende a S/ 9,256’970,935, según la Sunat.
Según el listado presentado por la Sunat, las diez empresas con más deudas tributarias, son: Compañía de Minas Buenaventura, Scotiabank, Compañía Minera Antapaccay, minera Las Bambas, Sociedad Minera Cerro Verde, Telefónica del Perú, Latam Airlines Perú, Consorcio Minero S.A, empresa minera Los Quenuales y América Móvil Perú.
De la lista de 158 empresas, resaltan 26 que han invocado la prescripción de su deuda total o parte de ella, argumentando vencimiento de plazo de cobro; entre las que se encuentran: Compañía de Minas Buenaventura (S/2,083’106,484), Latam Airlines (S/ 332’312,171), Telefónica del Perú (S/301’180,212) Consorcio Minero ExCormin (S/122’737,710), Electrocentro (S/111’905,388), Odebrecht Perú (S/62’091,857), Media Networks (S/37’895,454) Supermercados Peruanos (S/33’294,659), Banco Pichincha (S/32’602,849), Natura Cosméticos (S/19’704,648), Unión Andina de Cementos (S/15’132,225), Interbank (S/8’126,531), Aceros Arequipa (s/2’859,561), entre otras.
DEBEN PAGAR
Durante su participación en el debate sobre la prescripción de deudas tributarias, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, manifestó que las grandes empresas deben cancelar sus impuestos como todos los ciudadanos. “Mi posición es que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad y como consecuencia es que estas grandes empresas paguen sus impuestos al igual que lo hacen todos los contribuyentes de este país sin ninguna distinción”, expresó.
La demanda planteaba que declaren fundado el Decreto Legislativo 1421, que fijó los plazos establecidos por la Sunat con el objetivo de fiscalizar a un contribuyente para determinar la posible deuda tributaria y proceder a cobrarla.
“Yo no tenía la mínima duda que la primera disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1421 es plenamente compatible con la Constitución”, agregó Ledeszma.
Lo votos en contra de la demanda de inconstitucionalidad fueron de los magistrados Eloy Espinosa Saldaña, Manuel Miranda, Carlos Ramos y Marianella Ledesma. A favor votaron el ponente del caso Ernesto Blume y Augusto Ferrero.
El miembro del TC, José Luis Sardón, se inhibió de participar debido a que advirtieron que el vicepresidente ejecutivo de Scotiabank en Chile, Francisco Sardón de Taboada, era su hermano y que el fallo podría haber favorecido a la entidad financiera.
Ernesto Blume, presentó un proyecto de sentencia que proponía declarar prescrita la posibilidad del Estado de reclamar la millonaria deuda a las 158 empresas. Según la ponencia, la Sunat solo dispone de cuatro años para detectar una infracción tributaria, establecer la deuda y cobrarla.
La demanda fue interpuesta en febrero de 2019 por el Colegio de Abogados de La Libertad cuando Manuel Montoya Cárdenas era decano. Curiosamente, ninguna de las compañías que podrían haber resultado beneficiadas con un fallo a favor de la prescripción, estuvieron involucradas con la demanda para impedir que la Sunat cobre las deudas trbutarias.
Aunque la demanda fue presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad en el 2019, la actual junta directiva, liderado por el decano Manuel Montoya Cárdenas, emitió un escrito en el cual desistían, pero esto ya no era procedente.
