En el Servicio de Control Específico sobre presuntas irregularidades en la obra “Creación de los servicios deportivos del estadio municipal en Cebada Loma, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea”, se implicó al exalcalde provincial de Pachitea y a otros funcionarios, según advierte el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Pachitea.
En el Informe de Control Específico N° 048-2024-2-0404, publicado el fin de semana en la página web de la Contraloría General de la República, se señala que los presuntos hechos ocurrieron entre el 23 de noviembre y el 29 de diciembre de 2022, y son los siguientes:
*Los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Pachitea consintieron valorizaciones con partidas no ejecutadas, partidas parcialmente ejecutadas y partidas ejecutadas incumpliendo las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico, causando un perjuicio de 133,919.29 soles.
*Aprobaron el expediente técnico reformulado por mayores metrados, incrementando costos unitarios en las partidas existentes, lo que ocasionó una pérdida de 69,821.40 soles.
*Los materiales adquiridos para la ejecución de la obra cuentan con actas de custodia, devolución y retiro sin autorización de los funcionarios de la Municipalidad Provincial, causando un perjuicio de 144,682.68 soles.
*Contrataron al residente de obra y a la supervisión de obra sin que estos tuvieran la experiencia requerida en los términos de referencia.
Todos estos hechos ocasionaron un perjuicio económico de 348,423.37 soles, afectando el interés público y el correcto funcionamiento de la administración pública.
Entre las personas que se identifican se encuentra el exalcalde provincial de Pachitea, Ridel Barrueta Aróstegui; Manuel Alexander Loloy Tiznado, exgerente de infraestructura y obras, también fue subgerente de obras, supervisión, liquidación y transferencia; y Abimael Boza Advíncula, subgerente de abastecimientos.
RECOMENDACIONES. En el informe, el OCI de la Municipalidad Provincial de Pachitea, recomienda iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, al Órgano Instructor de la comuna recomienda realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos, de acuerdo a su competencia.
