Según un informe de Contraloría General de la Republica, la negligencia de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario – Oficina Regional Oriente Pucallpa, al no advertir las irregularidades cometidas por un proveedor de alimentos para el penal de Cochamarca en Pasco, causó un perjuicio económico de 504 388.87 soles.
El documento del órgano de control refiere que las actas de conformidad y formatos de atención que acreditaron el cumplimiento de la prestación quincenal del servicio de alimentación brindado entre diciembre del 2021 y diciembre del 2022 en el referido establecimiento penitenciario, han sido suscritas por personas que no se encontraban autorizadas para tal fin, alterando la veracidad de los documentos que sustentaron la formalización del pago, hecho que no fue alertado por ninguno de los funcionarios de la entidad dentro del proceso de emisión, conformidad y pago. Otorgaron conformidades sin advertirse las inasistencias y no permanencia del personal propuesto por el contratista, lo que generó el no cobro de penalidades, ocasionando un perjuicio económico a la entidad por S/ 504 388,87.
La Oficina Regional Oriente Pucallpa (OROP) del Inpe, con sede en la ciudad de Huánuco, suscribió el Contrato nº 009-2021-INPE/OROP el 2 de diciembre del 2021 que tuvo como objeto: el “Servicio de alimentación para internos (as) niños y personal de seguridad 24 x 48 de los establecimientos penitenciarios de Cerro de Pasco y Cochamarca con el Consorcio Luis Idrogo Abanto-Inversiones Roalsa S.A.C, por el monto de S/ 3 004 267.50.
Del total, se destinó al penal de Cochamarca la suma de S/2 812 325.00 para el otorgamiento de 830 raciones diarias, por el plazo de 365 días, del 16 de diciembre del 2021 al 15 de diciembre del 2022.
Durante el periodo del servicio de alimentación a interno y personal de seguridad del penal de Cochamarca, se emitieron y suscribieron 24 actas de conformidad; sin embargo, 22 fueron suscritas de manera continua e irregular por la nutricionista del proveedor como si formara parte del Equipo de Control de Alimentos (ECA), que es el responsable de dar conformidad del servicio. Debió ser suscrita, entre otros, por la nutricionista o por el encargado del Área de Salud del establecimiento penitenciario.
Asimismo, en 23 actas de conformidad que forman parte del sustento de los comprobantes de pago, aparecen 23 formatos del servicio de alimentación quincenal (especifica los días y la cantidad de raciones atendidas entre el 1 de enero al 15 diciembre de 2022), que fueron suscritos por Luis Idrogo Abanto, en calidad de representante del proveedor, cuando la referida persona había sido acreditada solo para el centro penitenciario de Cerro de Pasco, por ende, no tenía facultades para suscribir documentos en el penal de Cochamarca.
“Las actas de conformidad y formatos que sustentan el cumplimiento quincenal del servicio de alimentación brindado, han sido suscritas por personas que no se encontraban autorizadas para tal fin, alterando la veracidad de los documentos que sustentaron la formalización del pago, hecha que no fue alertada por ningún funcionario de la entidad dentro del proceso de emisión, conformidad y pago”, refiere el documento de Contraloría.
De la misma manera, de la revisión efectuada al Registro de Visitas por Visitante del personal propuesto por el proveedor para el servicio de alimentación en el EP Cochamarca, han identificado un total de 91 días de insistencias y 232 días que no permanecieron a tiempo completo. Inasistencia y ausencias que no fueron advertidas por el ECA, ni fueron comunicados a la OROP para la aplicación de las penalidades al proveedor, por los importes de 143 486. 92 y 361 899.95, respectivamente, que hacen un total de S/ 504 386.87, generando un perjuicio económico a la entidad por el mismo monto.
Agrega el informe que 22 actas de conformidad fueron suscritas por los miembros del ECA sin advertir, ni presentar algún informe para hacer efectivo al cobro de penalidades por las inasistencias y ausencias durante la ejecución diaria del servicio del personal propuesto por el proveedor para desempeñarse como representante, nutricionista y cocinero; con el agravante de haber permitido y aceptado la firma de la nutricionista del proveedor como si formara parte del ECA.
RESPONSABILIDAD. El contrato del servicio alimentario entre la Oficina Regional Oriente Pucallpa del Inpe y el Consorcio Luis Idrogo Abanto – Inversiones Roalsa S.A.C, fue firmado el 2 de diciembre del 2021 por la directora regional, Gloria Estrada Tarrillo y el representante común del consorcio Luis Idrogo Abanto.
Como administrador de la OROP está Jesús Rubén Alegría Barriga, quien se mantiene en el cargo desde hace siete años, pese a registra sanciones administrativas y los directores regionales propusieron su cambio. Su primera designación fue el 13 de enero 2017 por tres años, lo renovaron por otros tres años desde 20 de enero 2020 y el 20 de enero de este año ampliaron su designación por otros tres años.
Según su historial este mencionado servidor fue sancionado dos veces, la primera mediante RD. N°354-2021-INPE/OGA-URH del 8 de marzo 2021, sanción administrativa disciplinaria de suspensión de dos meses por negligencia en el desempeño de sus funciones. La segunda sanción fue por tres días con Resolución Directoral Nº 544-2022-INPE/OGA-URH, del 29 de abril de 2022.
El jefe de logística es Cesar Sánchez Calero, quien junto a Alegría Barriga y otros funcionarios y servidores deben responder por las irregularidades y el incumplimiento en sus funciones por no aplicar las penalidades al proveedor de alimentos, lo que causo un perjuicio económico por más de medio de millón de soles a la institución para el que laboran.
