La Contraloría General detectó que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no aplicó penalidad ascendente a S/ 459 135.98 por las inasistencias reiteradas del personal clave del contratista, quienes estuvieron a cargo de brindar el servicio de alimentación a internos y personal de seguridad del establecimiento penitenciario de Potracancha, Huánuco.
Según las bases de la adjudicación, era obligación de la empresa cumplir con la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal clave, su incumplimiento estaría sujeto a penalidades.
Según el contrato, la empresa brindaría el servicio de alimentación a los internos y personal de seguridad del penal de Potracancha por S/ 7 264 230.00 otorgando 3614 raciones diarias por 365 días, que comprendía del 14 de marzo de 2020 al 14 de marzo de 2021. Adicionalmente firmaron dos adendas una por S/ 275 669.10 y otra por S/ 1 036 000.00, para seguir brindando el servicio, el primero del 4 de abril de 2020 hasta que culmine la emergencia sanitaria y el segundo del 1 de mayo de 2020 hasta agotar el monto total del contrato.
Según el Informe de Control Especifico n.° 014-2021-2-0316-SCE, entre el 14 de marzo de 2020 y el 14 de marzo 2021, el representante, el nutricionista y chef de la empresa registran inasistencias por 110 días al establecimiento penitenciario, pero según los comprobantes de pago emitidos durante el periodo de ejecución contractual a favor de la empresa por los servicios prestados ascienden a S/ 7 708 964.90, evidenciándose que no se aplicó ninguna penalidad por el incumplimiento en la cantidad y permanencia del personal clave durante la ejecución del servicio.
El informe da cuenta que los directores, administradores y el jefe del área de Salud quienes laboraron durante dicho periodo en el centro penitenciario otorgaron la conformidad de servicio sin advertir las inasistencias del personal clave del contratista, y permitieron que se ejecute el pago total del servicio a la empresa.
Las bases de la adjudicación derivada del concurso público que sirvió para contratar dicho servicio, establecen que al incumplir con la cantidad y permanencia del personal clave durante la ejecución diaria del servicio, se aplicará una penalidad correspondiente al 20 % del monto total diario a pagar por el servicio por cada personal dependiente y esta será aplicada automáticamente por cada día que el contratista incurra en la falta.
En estos hechos, la Contraloría halló responsabilidad administrativa y civil en cinco funcionarios y servidores públicos por haber otorgado conformidades por la prestación del servicio alimentario sin advertir la inasistencia del personal clave ocasionado que no se apliquen penalidades y generando perjuicio económico al Inpe por cerca de medio millón de soles.
La Oficina de Control Institucional del Inpe ha recomendado al titular del Consejo Nacional Penitenciario a deslindar responsabilidades en los servidores públicos comprendidos en el hecho irregular, así mismo al procurador público a dar inicio a las acciones legales que correspondan.
