Alrededor del 25% al 30% del territorio de la provincia de Puerto Inca, que abarca una superficie de 9,913.24 km², presenta áreas deforestadas que superarían los 2,000 km², según informó Vilma Vilcas Melchor, gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional Huánuco.
Indicó que las principales amenazas que impulsan la deforestación en esta zona son la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de terrenos, actividades que arrasan con grandes extensiones de bosques tropicales. Además, señaló que quienes perpetran estos delitos suelen amenazar a funcionarios y autoridades que intentan frenar dichas acciones.
Precisó que la minería ilegal es responsable de más del 60% de la deforestación en la provincia, mientras que la tala ilegal y el tráfico de terrenos contribuyen al restante porcentaje.
Vilcas Melchor también denunció que esta problemática se agrava por la complicidad de ciertas comunidades nativas, que promueven dichas actividades; a diferencia de otras cuyos dirigentes sí denuncian la afectación a sus territorios.
Mencionó que, tras los recientes hechos ocurridos en Pataz (La Libertad), debe tomarse en cuenta que muchas de estas personas migran hacia Puerto Inca, así como al departamento de San Martín, tal como lo denunció el gobernador regional de dicha región en la última reunión realizada.
Respecto a la minería ilegal, aclaró que la responsabilidad de enfrentarla recae en el Ministerio del Interior, mediante la Policía Nacional, así como en el Ministerio de Defensa, a través de la Marina de Guerra, destacada en Puerto Inca.
Reveló que, cuando funcionarios de entidades estatales, como la Dirección Regional de Energía y Minas, visitan la zona, suelen recibir amenazas contra su seguridad y su vida por parte de los operadores ilegales.
Expresó su preocupación ante el posible agravamiento de la situación, lo que podría convertir a la provincia de Puerto Inca en un «segundo Madre de Dios».
Asimismo, informó que el Área de Conservación Regional Codo del Pozuzo, que abarca 10 mil hectáreas, ha sufrido un impacto del 5% por tala ilegal y tráfico de terrenos. Sin embargo, gracias a la acción de los vigilantes comunales, dicha área se mantiene bajo control.
En cuanto a la reserva comunal El Sira, ubicada en el distrito de Puerto Inca, precisó que su administración está a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), bajo jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y se encuentra seriamente afectada por la minería ilegal. Cada vez que se detecta actividad ilícita, el personal de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental realiza el reporte correspondiente.
