La Procuraduría Pública del Gobierno Regional Huánuco, cuyo titular es el abogado Juan Carlos Nolorve Rojas, ha planteado denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Huánuco, contra el Centro de Arbitraje Mofima, 5 de sus árbitros y a los integrantes de los consorcios: Vial Vía Crucis, E&S Monzón y Pachitea, por el delito de Cohecho pasivo específico, relacionado a la emisión de los laudos arbitrales que habrían favorecido tendenciosamente a varios consorcios, perjudicando indebidamente al Gobierno Regional de Huánuco.
En el voluminoso expediente se fundamenta los casos en los cuales, habrían incurrido en ilegalidades, que cometieron en diversas obras paralizadas.
En el caso del “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad de la avenida Héroes de Jactay-Av. Circunvalación, tramo Cruz Verde -Loma Blanca-Las Moras y Puente Vía Crucis”, cuyo presupuesto es de 46’614,701.82 soles, la denuncia señala lo siguiente:
El Consorcio Vial Vía Crucis, solicitó una medida cautelar ante el Centro de arbitraje CEAR Latinoamericano de Lima, pero fue archivada por no presentar la contra cautela de 312,502.50 soles. Sin embargo, el referido consorcio optó por iniciar un nuevo proceso arbitral en el Centro de Arbitraje Mofima de la ciudad de Huánuco, con una copia exacta de los fundamentos y argumentos presentadas a CEAR. “Causa grave sospecha en el manejo del proceso arbitral de Mofima, por constituir una burda copia, que no puede ser una coincidencia, con el agravante que no presentó la contra cautela que es de obligatorio cumplimiento. El objetivo fue impedir la ejecución de las cartas fianzas presentadas para la ejecución de la obra”, refiere la denuncia.
Detalla en este caso, que se incumplió la presentación obligatoria de la Contra cautela Financiera, del listado de la Superintendencia de Banca y Seguros, y aceptó una Caución Juratoria (parecido a una declaración jurada simple), y una garantía inmobiliaria, las cuales resultan inejecutables, por cuanto una declaración jurada no puede ser ejecutada por no representar ningún tipo de medio efectivo.
Además, falta Convenio Arbitral que establecía la obligatoriedad de las partes en acordar conjuntamente el centro de arbitraje al cual debería acudirse en caso de controversia. N este caso, fue elegido solo por el Consorcio Vial Vía Crucis, lo que constituye una ilegalidad.
Al respecto, Mofima argumenta que en sus estatutos si se contempla ello, lo cual nunca fue informado. Para la Procuraduría es una supuesta figura legal del Arbitraje de Emergencia que no existe en la Legislación Peruana.
Esta obra ya se encuentra en investigación por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Huánuco, en el cual se vincula directamente al representante legal de este Consorcio en el otorgamiento de buena pro a empresas favorecidas en la gestión del exgobernador Juan Alvarado Cornelio.
En el caso del “Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Monzón, distrito de Monzón, Huamalíes”, cuyo presupuesto es de 2’270,560.78 soles. Al igual que la anterior obra, no se exigió la Contra cautela Financiera y solo aceptó la Caución Juratoria y una Garantía Hipotecaria por 202,224.48 soles, que no equivale ni al 10% de la obra,
Tampoco hay el Convenio Arbitral, ya que fue elegido solo por el Consorcio E&S Monzón.
En este caso, Mofima repite el argumento que en sus estatutos si contempla ello, pero es una supuesta figura legal que no existe en la Legislación Peruana.
En la obra: “Mejoramiento y Ampliación de los servicios del centro de salud de Molino, en Pachitea”. Se repite la falta del Convenio Arbitral, fue elegido solo por el Consorcio, constituyendo ello en ilegalidad y un modus operandi de Mofima, que continúa amparándose en sus estatutos.
Finalmente, en la obra: “Creación del camino vecinal Monopampa – Abra Alegría – Shotoj – Puente Chorropampa, provincia de Huánuco”, también se actuó igual que en el caso de la obra del Anillo Vial, al pretenderse impedir que se hiciese efectivo las carta de fuel cumplimiento y la carta de adelanto directo, presentando ante el CEAR su alegato arbitral, que archivó el caso por no presentar la Contra cautela Financiera, recurriendo a Mofima con la Caución Juratoria que le permitió ganar su laudo arbitral.
Asimismo, se reitera en la falta del Convenio Arbitral, fue elegido solo por el Consorcio Pachitea.
Esta obra también se encuentra en investigación por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Huánuco, en la cual se vincula directamente a la empresa Salma Ingeniería y Construcción E.I.R.L. en el otorgamiento de buena pro como empresa favorecida en la gestión del exgobernador Juan Alvarado.
DENUNCIADOS. El procurador regional, en su denuncia, solicita penas entre los 8 a 15 años de prisión efectiva e inhabilitación, a los siguientes: Centro de Arbitraje Mofima, que funciona en el Jr. Crespo Castillo N° 520 – Huánuco; Chrisstian Custodio Campos, co director como autor del delito de cohecho; y como cómplices del delito señalado a los árbitros José Carlos Minaya León, Victoria Anonel Mallqui Chambi, Raúl Walther Talenas Quispe, y Joiyce Echeandía Sinarahua,.
También como cómplices de cohecho a Lincoln García Coz, representante legal del Consorcio Vial Vía Crucis; Fernando Husserl Espinoza Soto, representante legal del Consorcio E&S Monzón; Mary Carmen Jara Torres, representante legal del Consorcio Pachitea; y Pedro Miguel Alania Soto, representante legal del Consorcio Pachitea.
ALGO +
La denuncia fue presentada el 16 de enero y se corrió traslado a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.
