El 30 de enero del 2023, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, remitió a la unidad documentaria de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), la denuncia realizada por la “Coalición por la Dignidad de Huánuco” representando por la ciudadana Lady Katerin Villar Castro. La denuncia primigenia que consta de 334 páginas fue presentada el 27 de abril del 2022 al despacho de la congresista de la República, Elizabeth Medina Hermosilla, quien derivó el caso a distintas instancias.
En el documento, la Coalición advierte presuntos actos de corrupción que involucrarían a jueces superiores y fiscales de Huánuco, cuyos familiares directos son proveedores del Estado pese a estar prohibido de contratar con el gobierno regional y municipalidades de la jurisdicción. “Práctica que viene de muchos años atrás y nadie denuncia por temor a represalias, contratos ilegales prohibidos por ley y que los malos funcionarios utilizan como blindaje en el Poder Judicial y Ministerio Público, pactos irregulares que son motivos por el cual muchas investigaciones por actos de corrupción demoran mucho”, dice parte de la denuncia.
En la motivación de la denuncia, explican que pese a existir informes de control de la Contraloría de la República, las investigaciones y procesos no avanzan por intereses extraños al interés público favorecidos por una organización que operaría bajo la sombra integrada por miembros del Ministerio Público, Poder Judicial, gobierno regional y municipalidades.
La ‘Coalición por la Dignidad de Huánuco’, informa que el blindaje en el Poder Judicial es canjeado por contratos de ejecución de obras públicas y servicios, entre las que están los familiares directos de tres expresidentes de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.
HERMANO DE JUEZ. Jorge Luis Gonzáles Aguirre es gerente de la empresa constructora San Martín de Porras, hermano del vocal de la Sala Civil y ex presidente de la Corte de Huánuco, César Orlando Gonzáles Aguirre.
Según la denuncia que también fue remitida a la Fiscalía de la Nación, la constructora San Martín de Porres SCRL realizó 34 contrataciones con el Estado, pese a estar prohibido por ley. El 2 de julio del 2014 realizó por 154,600.00 soles la consultoría de obra “supervisión de la elaboración del expediente y ejecución de la obra mejoramiento de los servicios educativos de las instituciones educativas de las localidades de Huánuco Pampa, distrito de la Unión, provincia de Dos de Mayo”.
El 21 de enero del 2021, el consorcio vial San Rafael conformada por la constructora San Martín de Porres contrató con la municipalidad de San Rafael por s/ 10’491,802.92 para la ejecución de la obra construcción del camino vecinal Maraycondor, Santo Domingo de Rondos y Huillaparac; el 20 de enero del 2016 contrató con el Gobierno Regional de Huánuco por 1’458,912.76; el 17 de diciembre del 2021 contrató con la Municipalidad Distrital de Quisqui, provincia de Huánuco por 4’538,854.70; el 7 de octubre del 2021 también contrató con la misma municipalidad por 650,200.85 soles para la ejecución de obra mejoramiento u ampliación de servicios de transitabilidad de Rosa Pampa, Huamally en la localidad de Rosa Pampa, distrito de Quispe.
La empresa que ejecutó dicho trabajo es la constructora Rosapampa conformada por la constructora San Martín de Porres cuyo representante es el hermano del juez superior César Gonzáles. La referida constructora consorciada con otras empresas firmó contratos con el Gobierno Regional de Huánuco y las municipalidades de Huamalíes, Leoncio Prado, San Rafael, La Morada, Ambo, Pachitea, Huánuco, Yanas, Chacabamba, Ripan y otros.
SANTOS Y NINAQUISPE. Pero no sólo el hermano del juez superior César Gonzáles Aguirre habría contratado con el Gobierno Regional de Huánuco en la gestión del prófugo Juan Manuel Alvarado Cornelio, también está Waldemar Isidro Santos Espinoza, hermano del juez Samuel Santos Espinoza. En el 2019 al 2022 Waldemar contrató con las municipalidades de Ambo y San Rafael como asistente administrativo y asesor legal externo.
El Gobierno Regional de Huánuco también contrató los servicios del hermano del juez Samuel Santos para el área de procuraduría pública.
La denuncia presentada por la Coalición también alcanza a la esposa del ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Elmer Richard Ninaquispe Chávez. Armida Mendoza Ventocilla es representante legal de la empresa constructora y consultora Alfa y Omega SAC que ejecutó obras en las municipalidades de Cahuac y José Crespo y Castillo.
RESPUESTA. Tu Diario logró contactarse con el juez César Gonzáles Aguirre para conocer su versión sobre el caso. “No soy responsable de lo que hace mi hermano, él es una persona mayor y debe trabajar para mantener a su familia. No puedo estar detrás de lo que hace, cada quien es responsable de sus actividades y en todo caso él debe responder sobre sus trabajos”, dijo al tiempo de indicar que la Coalición por la Dignidad de Huánuco debe presentar pruebas de lo que afirma en su denuncia.
ALGO +
Fuentes de Tu Diario informaron que la Fiscalía Suprema investiga a los tres magistrados, por lo que la semana pasada habrían sido llamados a dar su descargo de manera virtual.
