El accidente ocurrido la noche del último miércoles en las inmediaciones de Plaza Vea donde falleció una persona, es el resultado del colapso del sistema de tránsito en la ciudad de Huánuco por el “almacén de vehículos de chatarra” en que se convirtió la ciudad de Huánuco ante la pasividad municipal, expresó el abogado Marco Durand Roca, jefe de la oficina de Defensoría del Pueblo en Huánuco.
Recordó que, con el transcurso del tiempo incrementó unidades obsoletas, vehículos dado de baja en la ciudad de Lima que prácticamente se encuentran en condición de chatarra, muchos de ellos con papeletas, con problemas mecánicos, y hasta con choferes que no cumplen con los requisitos legales; que debería ser cautelado por la municipalidad provincial, pero, sucede ello.
Consideró que, Huánuco no merece el servicio de transporte con este tipo de vehículo, por lo que corresponde a la comuna provincial invitar a las empresas privadas que mejoren el servicio que ofrecen con vehículos de última generación o aquellos que sean aceptables para el transporte de pasajeros.
Informó que hizo coordinaciones con la municipalidad de Huánuco, para cautelar los derechos de los ciudadanos. Presentó un documento en el que pide adoptar las medidas correspondientes para el control del parque automotor, sobre todo al servicio de transporte de personas, en el que están los colectivos, trimóviles, minibuses y combis, etc.
Indicó que la Defensoría del Pueblo estará atento porque más allá de ser un tema de competencia municipal, se trata de asumir la defensa de los derechos de la ciudadanía que se encuentra expuesta a los riesgos que se generan en el transporte urbano.
Asimismo, hizo un llamado a la Policía Nacional para que los dispositivos emitidos por la municipalidad provincial las hagan cumplir.
Planteó como reflexión que la existencia de la informalidad también alcanza tal magnitud porque la autoridad municipal no cumple con sus responsabilidades y funciones.
En relación a los trascendidos que, el vehículo del accidente es propiedad del regidor Fernando Shol, señaló que es evidente que hay funcionarios municipales que son propietarios de empresas de transportes, razón por la cual hay una protección tácita a pesar que se atentan contra los derechos de los pasajeros.
