Mediante el Decreto Supremo N° 140-2026-PCM, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia en 24 distritos de nueve provincias del departamento de Huánuco. La medida responde al peligro inminente por déficit hídrico de cara al periodo de lluvias 2026-2027 y tendrá una vigencia de 60 días calendario, lapso en el que deberán ejecutar medidas de excepción, reducción de muy alto riesgo, así como acciones de respuesta y rehabilitación.
Las jurisdicciones comprendidas en la emergencia, son: Colpas, en la provincia de Ambo; Sillapata, en Dos de Mayo; Puños, en Huamalíes; San Miguel de Cauri, en Lauricocha; Churubamba, Kichki y San Pedro de Chaulán, en la provincia de Huánuco; Chaglla y Umari, en Pachitea; así como Aparicio Pomares y Chacabamba, en Yarowilca.
Las provincias con mayor número de distritos comprometidos son Leoncio Prado —con Castillo Grande, Luyando, Daniel Alomía Robles, Hermilio Valdizán, Mariano Dámaso Beraún, Pucayacu, Pueblo Nuevo, Rupa Rupa y Santo Domingo de Anda— y Puerto Inca —con Codo del Pozuzo, Honoria, Puerto Inca y Yuyapichis—. En ambas provincias, las únicas jurisdicciones excluidas de la norma son José Crespo y Castillo (Leoncio Prado) y Tournavista (Puerto Inca).
La declaratoria de emergencia se oficializó a partir del Informe Situacional N° 000052-2026-INDECI/DIRES, emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Dicho documento consolida información de hasta nueve informes técnicos del Senamhi, el Cenepred, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) y la Subdirección de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres del Indeci.
El informe advierte que la disminución progresiva de caudales, la reducción sostenida de los volúmenes almacenados en embalses y el desarrollo del fenómeno El Niño en el Pacífico ecuatorial central señalan una alta probabilidad de déficit hídrico en el país. Ello demanda la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno Regional de Huánuco y otros 16 gobiernos regionales para un total de 707 distritos del país, los cuales deberán ejecutar intervenciones con nexo directo de causalidad.
