Mediante carta 000289 emitida el 25 de junio por la Oficina General de Potencial Humano del Ministerio Público, informaron la extinción de contrato administrativo servicio CAS del servidor Marco Antonio Bruno Huamani por la causal de contar con sentencia condenatoria firme y ejecutoriada por el delito de cohecho pasivo impropio.
´Tengo a bien dirigirme a usted en relación al asunto y documento de la referencia, mediante el cual hemos tomado conocimiento de la condena de cinco años de pena privativa de la libertad suspendida por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio, prevista en el artículo 394, segundo párrafo del Código Penal en agravio del Estado’, dice para del documento al que Tu diario tuvo acceso.
Asimismo, informa sobre la extinción de su contrato administrativo de servicios a partir de notificada de la presente. Con esta carta que le comunicaron antes del mediodía, Bruno Huamán, quien había asistido a trabajar tal como habíamos hecho de conocimiento público, tuvo que abandonar su centro laboral, donde estuvo trabajando desde el 2020, pese que tenía una sentencia por corrupción.
Bruno Huamani, no sería el primero en trabajar en el sector público pese a estar sentenciado e inhabilitado. En los próximos días vamos a informar sobre un nuevo caso de un sentenciado que sigue brindando servicios al Estado con conocimiento de sus superiores.
ALGO +
El 5 de mayo la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia absolutoria y condenó a 5 años de pena suspendida a Marco Bruno por el delito de cohecho pasivo impropio.
