Como ya lo dio a conocer Tu diario, la Contraloría General de la República ratifica las serias deficiencias en infraestructura y servicios básicos en 54 instituciones educativas de Huánuco, tras el Operativo de Control a los Servicios Educativos – Año Escolar 2026. Los hallazgos ponen en riesgo el retorno seguro de miles de estudiantes y han motivado recomendaciones urgentes a la UGEL Huánuco para adoptar medidas correctivas inmediatas.
Entre los casos más preocupantes figura la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún N.° 32223, en Amarilis, donde seis aulas de primaria fueron declaradas inhabitables. En el colegio N.° 33312 de Santa María del Valle, dos aulas y una oficina administrativa no pueden ser utilizadas.
También se reportó riesgo de colapso estructural en dos aulas de secundaria de las instituciones N.° 32819 y N.° 32080 en Churubamba. A ello se suma el jardín San José Paucar N.° 322, cuyas aulas fueron declaradas inhabitables en 2023 por riesgo muy alto de colapso y hasta hoy no han sido intervenidas.
El informe detalla que más del 70 % de los colegios tienen techos y paredes en mal estado, el 63 % requiere mantenimiento de pisos, el 17 % carece de servicios higiénicos y el 67 % necesita reparación o sustitución de estos servicios. Además, el 52 % presenta cercos perimétricos deteriorados y el 30 % no cuenta con delimitación física, mientras que el 15 % de las aulas están inhabitables.
Las deficiencias en servicios básicos también son alarmantes: el 30 % de colegios no tiene desagüe, el 48 % carece de recolección de residuos sólidos y el 56 % no cuenta con internet. Estas condiciones afectan directamente la salud y seguridad de la comunidad educativa.
En el aspecto pedagógico, el 81 % de colegios no dispone de material educativo y el 28 % presenta insuficiencia de docentes, lo que compromete el acompañamiento socioemocional y cognitivo de los estudiantes. Asimismo, la mayoría de instituciones carece de profesionales de psicología y más de la mitad no cuenta con planes de gestión de riesgos de desastres, limitando la prevención de violencia escolar y la respuesta ante emergencias.
La Contraloría advirtió que estas deficiencias ponen en riesgo el buen inicio del año escolar.
