La Contraloría General de la República (CGR) identificó graves irregularidades en la contratación de servicios de capacitación y en la adquisición de maquinaria para el proyecto “Té Verde”, ejecutado por la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco. Estas acciones habrían generado un perjuicio económico total de S/ 478 800.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.°988-2026-CG/GRHC-AC, que evaluó el periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2025, el proyecto contemplaba la contratación de un servicio de consultoría para capacitar y brindar asistencia técnica a agricultores de 15 comunidades del distrito de Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado. No obstante, los términos de referencia fueron modificados al margen de la Ley de Contrataciones del Estado.
La auditoría evidenció que la Unidad de Logística fraccionó la contratación del servicio mediante órdenes menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que permitió contratar de manera individual a 12 profesionales, pese a tratarse de un mismo objeto contractual. Además, cinco de ellos no cumplían con los requisitos mínimos, al no acreditar experiencia en capacitación en proyectos agrícolas o forestales.
Asimismo, se verificó que los servicios de capacitación no se ejecutaron conforme a lo establecido en los términos de referencia. Los proveedores presentaron registros de asistencia con diversas irregularidades, como firmas de dos personas fallecidas, listas duplicadas de participantes y uso de fotografías repetidas en distintos informes.
A pesar de ello, el coordinador, la supervisora del proyecto y el director de Extensión Agraria otorgaron la conformidad a los servicios, lo que permitió el pago de S/ 28 800 a cada proveedor generando un perjuicio de S/ 345 600.
Con relación a la adquisición de maquinaria, la Contraloría advirtió que cuatro de las seis máquinas compradas —una laminadora, una secadora de hojas, una recolectora de tallos y una separadora— no cumplían con las especificaciones técnicas ni con la capacidad operativa requerida. Pese a estas deficiencias, los equipos fueron recibidos sin que se exigiera su subsanación.
Adicionalmente, durante el proceso de selección, el comité aprobó bases con errores en los plazos de entrega que debieron motivar su anulación. Sin embargo, el proceso continuó y se descalificó a un postor que cumplía con los requisitos y ofrecía mejores condiciones económicas. En su lugar, se otorgó la buena pro a un proveedor con mayor precio, al que posteriormente se le aprobó una ampliación de plazo para la entrega de los equipos, la cual carecía de sustento.
Estas irregularidades en la contratación, sumadas al retraso injustificado y al incumplimiento de las especificaciones técnicas, ocasionaron un perjuicio adicional de S/ 133 200.
Por estos hechos, la Contraloría determinó presunta responsabilidad penal, administrativa y/o sujeta a la potestad sancionadora en cinco servidores públicos. Asimismo, recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes contra los presuntos responsables.
