La Contraloría General de la República, a través del Informe de Auditoría N° 10149-2025-CG/MPROY-AC, publicado recientemente en su portal institucional, alertó sobre graves deficiencias en la ejecución del Tramo III: Tingo Chico – La Unión – Huallanca, correspondiente al Corredor Vial Huánuco – La Unión – Huallanca.
Uno de los principales problemas detectados se relaciona con el puente Tingo Chico, cuya construcción se ha visto afectada por la falta de libre disponibilidad de terrenos y la reubicación de interferencias en el área destinada a la cimentación del estribo derecho.
Esta situación generó una prórroga de 256 días calendario (casi nueve meses) al contratista y a la supervisión, lo que implicó un mayor costo de supervisión de S/ 9’022,867.54 y un riesgo potencial de reconocimiento arbitral de S/ 11’806,698.11 a favor del contratista CR20.
Durante la inspección física a las obras iniciales del tramo, se identificaron tres situaciones adicionales que obstaculizan su adecuada ejecución:
En 21 sectores se han producido derrumbes que obstruyen cunetas y parte de la calzada, impidiendo la evacuación de aguas pluviales, incrementando el tiempo de viaje y comprometiendo la seguridad de los usuarios.
En otros cuatro sectores se ha detectado asentamiento de la plataforma en el carril izquierdo, además de humedad y falta de iluminación en el túnel Huactahuaru, lo que pone en riesgo la inversión y podría afectar los plazos de ejecución.
Existen interferencias entre los kilómetros 112+800 y 116+202, así como en el Km 145+140, en la salida del túnel Huactahuaru hacia Huallanca, que impiden el desarrollo de actividades sobre la plataforma. La presencia de postes y restos de edificaciones en estos tramos no liberados podría generar nuevas prórrogas y mayores gastos generales.
Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó al Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional disponer la implementación de una directiva o lineamiento que garantice la desocupación de terrenos y la liberación de interferencias antes del inicio de cada frente de trabajo, especialmente en contratos cofinanciados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de los plazos contractuales, proteger la inversión pública y garantizar la seguridad de los usuarios en esta importante vía de comunicación para la región Huánuco.
