Camal municipal de Panao que costó S/451 mil no tiene permiso de funcionamiento

La Contraloría General detectó que el camal de la Municipalidad Provincial de Pachitea no cuenta con permiso de funcionamiento. Este, situado en el distrito de Panao, se ejecutó y liquidó sin contar con la autorización sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), lo que generó un perjuicio de S/ 451 mil.

Según el Informe de Control Especifico n.° 036-2024-2-0404-SCE, en diciembre del 2022, la obra de mejoramiento del matadero municipal fue concluida y desde esa fecha la infraestructura no ha entrado en funcionamiento, puesto que el proyecto de construcción no cumple con la autorización sanitaria ni los requisitos establecidos en el reglamento sanitario para el faenado de animales.

En diciembre del 2020, sin tener autorización sanitaria, la entidad aprobó el expediente técnico con un monto de S/ 227 895 y pagó S/ 30 000 a la empresa que lo elaboró. Luego, en febrero del 2021, iniciaron la ejecución por administración directa y en marzo del mismo año paralizaron la obra tras señalar observaciones del Senasa y reformularon el expediente técnico.

Una vez aprobado, el presupuesto del proyecto se incrementó a S/ 456 011; sin embargo, el expediente reformulado tampoco tenía la autorización. La obra reinició en junio del mismo año y en diciembre del 2022 el comité recibió sin observaciones las nuevas instalaciones del matadero municipal.

Después que la obra fue culminada al 100 %, la entidad solicitó la autorización sanitaria, pero fue rechazada ya que la infraestructura no cumplía con el reglamento sanitario para el faenado de animales, a pesar de que entre agosto del 2021 y diciembre de 2022 el Senasa visitó la obra en siete oportunidades y recomendó cumplir con los parámetros y lineamientos para la ejecución.

La Contraloría halló responsabilidad penal y administrativa en siete exfuncionarios públicos por aprobar un expediente técnico, ejecutar y liquidar un proyecto que no tenía autorización sanitaria. Recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales penales.

 

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