El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Gobierno Regional de Huánuco, suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional, en el marco de la Ley nº 30470, con el objetivo de fortalecer la labor de búsqueda, con enfoque humanitario, de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980 al 2000.
Ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto por la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a brindar acompañamiento psicosocial y emocional a los familiares de las personas desaparecidas, durante todas las etapas del proceso de búsqueda.
El convenio permitirá, además, brindar apoyo material y logístico para el desarrollo de las ceremonias de restitución o exequias, en el marco de las competencias de cada institución.
El convenio fue suscrito por el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez, y el gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio.
“Se brindará el apoyo material y logístico, conforme a los protocolos y directivas internas; pues el objetivo es garantizar el respeto y la dignidad de la persona y sus familiares, incluyendo sus ceremonias y ritos funerarios de acuerdo con las creencias religiosas y culturales y tradiciones de los familiares o de su comunidad”, señala el documento firmado por ambas autoridades.
Asimismo, el Gobierno Regional Huánuco a través de la Dirección Regional de Salud, brindará apoyo psicológico a los familiares de las personas desparecidas, respetando el contexto cultural y lingüístico que corresponda; y coadyudará a la protección de los sitios de entierro que se encuentren en situación de riesgo por factores climáticos, naturales o actividad humana, en el marco de la Ley n° 30470.
Tratándose de un acuerdo de colaboración interinstitucional, el convenio no supone, ni implica transferencia de recursos económicos, ni pago de contraprestación alguna entre ambas instituciones.
Dicho convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser renovado antes de su vencimiento.
2779 DESAPARECIDOS
Según el Informe Final de Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR – 2003), Huánuco fue una de las regiones de la zona nororiental en la que el conflicto se prolongó por más tiempo, incluso más allá del periodo establecido de 1980 al 2000, debido a que se cruzó con otras fuentes de violencia como el narcotráfico.
Asimismo, tiene el mayor número de muertos y personas desaparecidas reportados por la CVR después de Ayacucho y Junín, concentrando a más de un cuarto de las víctimas fatales a partir de 1994.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), en Huánuco hay 2779 personas desaparecidas. Además, los casos en esta región presentan una dificultad mayor, debido a que parte de las víctimas fueron arrojadas a ríos teniendo una posibilidad menor de encontrarlas, por lo cual se necesitarán estrategias diferenciadas de búsqueda y de respuesta a sus familiares.
Sumado a ello, se estarían recogieron nuevos casos, debido a que no fueron reportados anteriormente, generando la posibilidad de que en la región se tenga un subregistro.
ENFOQUE HUMANITARIO
Según Grace Mendoza, politóloga y miembro de la Línea Memoria del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), los familiares de las víctimas de esta región han incidido y presionado al Estado para emprender acciones de búsqueda de sus seres queridos. Recién en el 2016, el Estado peruano aprobó la Ley n° 30470, Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980 – 2000, la cual enfatiza la búsqueda con un enfoque humanitario; es decir, que responda a la demanda de verdad de los familiares con un fin reparador.
En el 2017, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) empezó su implementación, y en el 2018 creó su sede descentralizada en Huánuco. Ello es importante debido a que hasta ese momento la mayor parte de las intervenciones se venían dando en Ayacucho, tanto a nivel judicial, por los casos que fueron judicializados, como de atención a las víctimas a través de acciones del Estado o de la sociedad civil.
De acuerdo con la DGBPD, durante el 2019 en Huánuco se han realizado unas 45 investigaciones de los cuales seis corresponde a casos en los que se conoce la identidad y destino de la persona, y existen indicios de su ubicación, cuatro casos en los que se sabe que han fallecido y cuya ubicación no se conoce, y 35 casos en los que no se conoce el destino ni la ubicación de la persona. Ello permitió que en ese mismo año se realicen 5 restituciones entre enero y julio correspondientes a casos en los que se conocía la muerte de la persona, pero cuya ubicación era incierta.
