Amenaza de desalojo mantiene en vilo a pobladores del asentamiento humano Vía Crucis

Ayer, más de un centenar de efectivos de la Policía llegaron hasta un predio ubicado a la espalda de la capilla de Puelles, asentamiento humano Vía Crucis en Las Moras, brindando seguridad para que el juez de la causa, dirija la diligencia de puesta de hitos para determinar el terreno que correspondería a la familia Verástegui Ponce, que sostiene ser el dueño de 30 hectáreas. El lugar con áreas protegidas por el Estado, está poblado por 400 a 500 familias.

Los ocupantes que viven en lugar desde el año 2008 aseguran que cuentan unos 25 documentos probatorios que demuestran que los integrantes de la familia Verástegui no serían los propietarios del área.

“Exigimos justicia, tenemos los documentos y los planos que demuestran que ellos no son los dueños; me pregunto, por qué tanto abuso de las autoridades de Huánuco, que quieren desalojar a la gente pobre y humilde, no es justo”, expresó Judith Reyes, pobladora del lugar.

Asimismo, Enrique Maldonado, otro poblador, refirió que el origen de esta causa viene desde los años noventa, cuando la concesión minera denominada “María Teresa” le da a la familia Verástegui las 30 hectáreas de terreno y que en el año 1997 la concesión minera quedó extinguida, según documentos acreditados por el Gobierno Regional de Huánuco en el 2017.

“Ahora bien, la concesión minera no le da el derecho de ser propietario, simplemente les dicen, explota los minerales; sin embargo, se creen los propietarios de estos terrenos y los han vendido a diestra y siniestra”, declaró el poblador con documentos en mano en los que se evidencia la venta de seis hectáreas de terreno al Asentamiento Humano “Jesús Giles Alipázaga”, que cuenta con la firma de una integrante de la familia Verástegui Ponce.

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Los pobladores afirman que luego de la extinción del fundo “María Teresa” el área de explotación de minerales pasó a formar parte del Estado como un área de reserva de denuncios de materiales no metálicos. En el 2016, la Dirección Regional de Energía y Minas informó al presidente de la asociación de pobladores de Vía Crucis de ese entonces, Edinzon Córdova Verde, que en la zona no se admiten petitorios mineros, una razón más que les dio para seguir habitando la zona.

“Es la cuarta vez que este señor viene a deslindar su supuesto terreno; viene con sus policías y el juez comprado para amedrentarnos con un desalojo toda la vida, realmente es un maltrato psicológico para todos los que estamos viviendo; aquí hay ancianos y niños, no podemos seguir viviendo así”, expresó otra pobladora de la zona de Vía Crucis.

Reiteraron que los supuestos propietarios de las 30 hectáreas no cuentan con documentos dados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), ni del Ministerio de Agricultura, por lo que no hay razón para un desalojo.

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