A 23 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) —documento que reveló la dimensión de la violencia política registrada en el Perú entre 1980 y el 2000—, la respuesta del Estado hacia los afectados continúa marcada por el olvido y la desatención. Así lo sostuvo Delia Andrade Cueva, presidenta del Colectivo Impulsor Post CVR de Huánuco.
Andrade manifestó que el informe planteó tareas específicas y compromisos normativos que los distintos gobiernos debieron ejecutar. Sin embargo, lamentó que la atención brindada a las víctimas haya sido sumamente escasa, provocando que muchos de los afectados fallezcan con el paso de los años en condiciones de extrema pobreza y marginación social, sin alcanzar justicia ni reparaciones integrales.
La representante del colectivo también denunció que, durante más de dos décadas, las víctimas han enfrentado continuos ataques, agresiones e insultos provenientes tanto de grupos de poder como de sectores vinculados al violentismo.
Al respecto, Andrade marcó un firme deslinde con cualquier postura antidemocrática, enfatizando que la población afectada no tiene relación con quienes originaron ni con quienes ejecutaron la violencia armada en el país, por lo que exigió el cese de la estigmatización.
En el plano regional, la dirigenta criticó la falta de compromiso de las autoridades municipales y regionales de turno en Huánuco, quienes han omitido sistemáticamente sus responsabilidades de asistencia hacia este grupo vulnerable.
Como evidencia de esta desidia, Andrade señaló la ausencia de la gran mayoría de titulares de instituciones públicas en las actividades conmemorativas del 23.º aniversario del Informe Final. Pese a ello, saludó la asistencia del gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco, quien acudió a informar sobre el estado actual del registro de víctimas y la entrega de certificados de acreditación en la zona.
