Mala ejecución de defensa ribereña causó pérdida de S/ 1.1 millones a Luyando

Obra costó S/18.1 millones a la Municipalidad Distrital de Luyando

El colapso de 116 metros de muro enrocado y la no aplicación de penalidades al contratista por incumplir la experiencia profesional del residente para ejercer el cargo en la ‘Instalación de defensa ribereña en la margen derecha del río Huallaga, tramo Mapresa, Naranjillo’; causó un perjuicio económico de S/ S/ 1’125,891 a la Municipalidad Distrital de Luyando en la provincia de Leoncio Prado.

La obra costó S/18’154, 670. Su ejecución inició el 23 de noviembre de 2016 y culminó el 31 de marzo de 2018, con un plazo de 493 días calendarios, contando con tres ampliaciones.

Según un informe de la Contraloría General, el colapso de muro en la progresiva 2+404 al 2+520 y el desplome de un espigón enrocado en el kilómetro 2+530, ocasionaron un perjuicio de S/ 510 291. Evidenciaron que las rocas que conformaban el muro y el espigón tenían un diámetro inferior a 0.70 metros y no presentaba una mezcla homogénea de rocas, de forma que incumplían con las especificaciones técnicas y los estudios básicos de ingeniería contemplados en el expediente técnico.

Construyeron más de 3644 metros lineales de muro, y según el expediente técnico estos deberían estar conformado por rocas sanas y duras. La función de estos muros enrocados fue evitar la erosión y socavación de la margen derecha del rio Huallaga, y prevenir su desborde e inundación, mientras que los espigones son estructuras enrocadas, que ayudan a desviar el flujo del agua para que no alcance las orillas del rio.

En su momento, el supervisor y funcionarios de la municipalidad de Luyando dieron opinión favorable para el pago de valorizaciones por trabajos ejecutados al margen de lo establecido en el expediente técnico, situación que no solo causó perjuicio económico, sino también social, ya que la obra buscaba prevenir el desborde e inundación de las localidades de Naranjillo y Mapresa, beneficiando a 1987 habitantes.

Además, los funcionarios del municipio no aprobaron y tampoco se pronunciaron ante la sustitución del residente de obra que realizó el contratista. Dicho profesional no cumplía con la experiencia profesional requerida de mínimo de cinco años para ejercer el cargo de residente de obra, solo tenía dos años y tres meses de experiencia, y en consecuencia la entidad omitió aplicar penalidades de S/ 615 600 por este hecho, como establece la Ley de Contrataciones del Estado.

Esos dos hechos causaron el perjuicio económico, encontrando responsabilidad civil y penal en tres funcionarios públicos de la entidad, por realizar pagos al contratista por la ejecución de muros sin cumplir los establecidos en el expediente y así como, por no aplicar penalidades al contratista al incumplir con la experiencia profesional del residente de obra.

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