La jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Lizbeth Yllanes Nauca, revelo la difícil situación que están atravesando los más de cinco mil habitantes del distrito de Umari en la provincia de Pachitea, debido al conflicto social que persiste entre los dirigentes con un sector de pobladores y el alcalde Camilo Cueva.
La municipalidad se mantiene cerrada hace ya bastante tiempo y como consecuencia están dejando de brindar diversos servicios como el recojo de residuos sólidos, la movilidad escolar, el servicio de serenazgo, entre otros. Umari, es uno de los lugares más pobres que tiene esta provincia y los más perjudicados son las personas más vulnerables.
Además, es uno de los distritos que tienen presupuesto y una meta exclusiva para reducir la anemia y con esta situación que están pasando todo eso se está perdiendo
“Desde que tomamos conocimiento de este conflicto que fue en las primeras semanas del mes de julio hemos venido insistiendo tanto a los dirigentes que representan a un sector de la población como también al alcalde y sus funcionarios que se pueda atender las demandas que han planteado los pobladores y se puede resolver este conflicto desde el diálogo”, refirió Yllanes.
La comisionada manifestó que han venido sosteniendo diversas reuniones conjuntamente con otras autoridades que tienen competencia como la prefecta de Huánuco, la representante de la PCM, gerente regional de la Contraloría, la procuraduría y fiscalía anticorrupción, quienes se comprometieron con los pobladores a intervenir; sin embargo, la situación continúa igual.
Dijo que en una de las visitas intervinieron tres fiscales anticorrupción y abrieron las puertas de la municipalidad para que las personas sean atendidas, pero lamentable la volvieron a cerrar y esta situación está afectando los servicios que brinda la municipalidad
Menciono que inicialmente tenían doce demandas, ellos pedían la rendición de cuentas puesto que la municipalidad no realizó hace tres años, que es obligatorio. Sin embargo, hace tres semanas los dirigentes variaron de pliego, en el que la prioridad es el cambio de funcionarios, un tema que es competencia del alcalde.
