En escombros, inhabitable y en estado deplorable, así entregó la Clínica Bolívar los ambientes que ocupaba y que son de propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública (SBP) de Huánuco. Los ocupantes salieron del local de manera pacífica, luego de varios años de lucha judicial y, tras dos intentos de desalojos frustrados, debido a que, la clínica adeuda más de medio millón de soles a la Beneficencia, por ocupar de manera precaria sus instalaciones.
Inicialmente, del 2008 hasta el 2013 todo marchaba bien y, es que, durante ese tiempo el contrato de arrendamiento marchó de acuerdo a los términos de ambas partes, sin embargo, el mencionado tratado no se resolvió el 31 de diciembre del 2013, razón por la cual, la clínica continuó ocupando los ambientes alegando que solo el vencimiento no resolvía el contrato, sino que por imperio de la ley se asume la continuación del mismo.
Años después y debido a la resistencia por parte de la Clínica Bolívar, la Sociedad de Beneficencia interpuso una demanda judicial que duró seis años, desde la demanda inicial hasta la sentencia de la Corte Suprema, que ratificó la decisión del juzgado civil que falló el 21 de agosto de 2018 a favor de la Beneficencia Pública, resolución que fue apelada por la gerente general de la clínica Bolívar, Catherine Alvarado Sabrera, sin mayor éxito; por esta razón, Alvarado presentó un recurso de casación a la Corte Suprema, pero falló dándole la razón a la Sociedad de Beneficencia.
Tras la decisión de la Corte Suprema, la jueza María Velarde, titular del Primer Juzgado Civil de Huánuco, estableció ejecutar el desalojo contra el habitante precario, por ser definitiva. El primer desalojo que estaba programado para el 24 de marzo del presente año fue suspendido porque tenían en sus ambientes a siete pacientes internados, y no podían ser evacuados por el delicado estado de salud en la que estaban; mientras que, el segundo desalojo que estaba programado para el 1 de julio, también se suspendió porque no habían garantías para desocupar los ambientes de manera pacífica.
El inmueble ubicado en el jirón Bolívar N° 480-490, fue alquilado inicialmente al padre de Kathlyn Alvarado Sabrera, quien ahora es gerente General de la Clínica Bolívar. La mencionada clínica inicio pagando 1750 soles por alquiler, monto que debió incrementar de 7 a 8 mil soles con el paso de los años. Tras la ejecución del desalojo que ocurrió de manera pacífica, el gerente de la Beneficencia Pública, David Huaynate Peña, anunció que interpondrá una demanda de indemnización contra la referida clínica por dejar los ambientes casi destruidas.
Huaynate Peña, recordó que en una oportunidad la referida clínica para evitar ser desalojados o que los usuarios al sistema de salud sepan que el local estaba en litigio judicial, retiró los carteles que anunciaba la fecha del desalojo de los ambientes de la clínica Bolívar. Asimismo, informó que, en la Beneficencia, existe un proceso en contra los integrantes del anterior directorio que era presidida por Zulma Picón Ruíz, Fredy Tarazona Campos (gerente de la Beneficencia Pública), José Luis Evangelista Solís (asesor legal) y Ketlin Alvarado Cabrera, por presuntamente coludirse con la clínica para reducirles el alquiler en el año 2013.
Este caso se encuentra en control de acusación y el delito por el que se les acusa es negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. La Beneficencia de Huánuco no recibe monto alguno por parte del Estado, más por lo contrario, tiene que generar mecanismos para recaudar dinero y cubrir la alimentación y atención de los adultos mayores y de los niños en situación de abandono, razón por la cual alquilan los predios que poseen.
VACÍO. Ante el ultimátum para ejecutarse el desalojo, los funcionarios de la clínica Bolívar optaron por retirarse de manera pacífica y esto habría ocurrido desde hace varios días que sacaron sus equipos médicos, mobiliarios y ayer cuando la jueza llegó para ejecutar la orden de desalojo, pero los encargados ya no estaban.
“Estamos haciendo la evaluación respectiva por parte de los especialistas para ver los daños causados en la infraestructura, tuvimos que contratar a un cerrajero para poder ingresar, porque no nos entregaron las llaves”, declaró David Huaynate al tiempo de informaron que los daños y perjuicios al local superan el millón y medio de soles. Asimismo, agradeció a los medios de comunicación por informar con lo ocurrido en los ambientes que era ocupado por la clínica Bolívar.
En una parte de las instalaciones funciona el centro de rehabilitación Oscar Decler, cuyas camillas quirúrgicas que estaban en uno de los ambientes de la clínica habrían sido sacadas del local al momento de salir. En un breve recorrido por los diferentes ambientes, Tu diario pudo constatar que las mayólicas estaban destruidas, los lavaderos e inodoros no estaban en los servicios higiénicos, las puertas y ventanas, focos e interruptores también fueron sacadas.
ALGO +
Lo único que no lograron llevarse los de la clínica Bolívar son las decenas de bolsas que estaban regadas en los diferentes espacios del local.