La Contraloría General de la República (CGR) indicó que, de acuerdo al Índice CGR de la Corrupción 2021, en el sector Transportes y Comunicaciones se habría generado un perjuicio económico superior a los S/ 3,729 millones. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como ente rector, no tomó mayores medidas al respecto, como responsable de velar por el buen uso de bienes y recursos públicos para dicho sector.
A nivel general, la estimación del perjuicio económico a nivel nacional para el 2021, según el Índice CGR de la Corrupción, se estima en más de S/ 24 mil millones. En el caso específico del sector Transportes y Comunicaciones, se estima que el perjuicio económico es superior a S/ 3’729 millones, y comprende no solo al ministerio, sino a 13 entidades más.
Es decir, en los últimos tres años, la corrupción y la inconducta funcional en dicho sector habría generado perjuicios económicos de S/ 2 893 575 621 el 2019 (Incidencia del 25% del total ejecutado); S/ 1 515 916 802 en el 2020 (Incidencia del 16.5%), y de S/ 3 729 740 938 el 2021 (Incidencia del 30.2%).
Estos montos fueron estimados por el Índice CGR de la Corrupción de los referidos años sobre la base de una metodología que permite analizar y estimar el perjuicio económico ocasionado por efecto de la corrupción e inconducta funcional, y se fundamenta en los resultados del control posterior y la determinación de perjuicios económicos durante un periodo determinado, en relación al presupuesto público anual ejecutado.
Según la CGR, los informes de control publicados en su portal web señalan que en todo el sector Transportes, desde 2018 a julio de 2022, se han concretado 1’822 servicios de control (46 previo, 1490 simultáneo y 286 posterior).
Como resultado del control posterior, se identificó a 579 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en el ejercicio de sus funciones.
El control simultáneo, por su parte, alertó oportunamente 4’238 situaciones adversas en proyectos, obras y servicios públicos que debieron ser corregidas por las entidades auditadas, de las cuales, hasta la fecha, solo se han subsanado en un 28.8%.
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La CGR precisó que las entidades públicas tienen el deber de implementar el control interno y fiscalizar el uso de bienes y recursos públicos que administran conforme a la Ley N° 28716 y sus propias normativas.
