La Defensoría del Pueblo solicitó al Congreso de la República desistir de aprobar el proyecto de ley 697, el cual busca la recomposición de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y otros que modifican la Ley Universitaria.
Ante la ampliación de la legislatura y la programación de la votación de la autógrafa del proyecto de ley 697 y otros, la institución emitió un pronunciamiento para señalar que la educación universitaria tiene por finalidad el desarrollo integral de la persona, así como la formación profesional, la creación intelectual y artística, la investigación y la formación científica y tecnológica.
Para cumplir con esa finalidad, indicó, el Estado tiene la obligación de garantizar una educación universitaria de calidad a las y los estudiantes universitarias/os, que les permita desarrollar su proyecto de vida, así como una inserción laboral digna.
En ese sentido, advirtió que la autógrafa aprobada por el Parlamento y observada por el Poder Ejecutivo contiene disposiciones que contravienen de manera directa razonamientos y decisiones establecidos por el Tribunal Constitucional (TC) en sus sentencias, entre ellas la recaída en la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 30220, Ley Universitaria.
«El TC ha determinado que la autonomía universitaria no implica una autarquía, sino que ella debe ejercerse en el marco del respeto a la Constitución y la ley. Es decir, el Estado puede establecer limitaciones mediante regulación legal a la autonomía universitaria (…). Concluye el TC que la Ley Universitaria no afecta la autonomía universitaria reconocida en la Constitución», señala el pronunciamiento.
La Defensoría recuerda que el 2008, el TC declaró una situación de crisis estructural en el sistema universitario peruano que afecta el derecho fundamental a la educación universitaria, fundamentándose en que la actuación de la Asamblea Nacional de Rectores no cumplió con garantizar la calidad de la educación universitaria.
Por ello, expresó su preocupación porque la autógrafa plantee un regreso a dicho sistema, a pesar de que el TC señaló en una sentencia que la existencia de un sistema en el que las decisiones del futuro de las universidades derivan del propio círculo universitario, crea una tendencia a la falta de objetividad.
