Mediante Resolución n° 29 emitida el 2 de junio del 2022, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, programó para el 14 de junio desde las 3:00 de la tarde; la audiencia pública de apelación de autos sobre los 18 meses de prisión preventiva dispuesto por el ex juez de primera instancia, Elmer Contreras Campos.
Según el documento, la diligencia será desarrollada mediante aplicativo Hangouts Meet Google y las partes procesales deberán enlazarse diez minutos antes, esto con la finalidad de cumplir con la conferencia de preparación y coordinación.
Asimismo, la sala requirió a los sujetos procesales intervinientes para que proporcionen obligatoriamente, en caso de no haberlo hecho, su casilla electrónica, número
de celular y correo electrónico de Gmail, datos que resultan indispensables para
el desarrollo de la presente audiencia, bajo responsabilidad. Los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones precisan que la audiencia de apelación no podrá aplazarse bajo ninguna circunstancia.
INHIBICIÓN. Por la inhibición del ahora juez superior Elmer Contreras Campos, la Sala Penal que verá el recurso de apelación de los 18 meses de prisión preventiva para el suspendido gobernador, Juan Alvarado Cornelio, el empresario Luis Bedregal Gonzáles y la ex funcionaria del Gobierno Regional de Huánuco, Luz Yaneth Rodríguez Ramos; está integrada por los jueces superiores Eloy Cupe Calcina como presidente y director de debate, Ángel Gómez Vargas y Samuel Santos Espinoza.
Debido a que antes de ser removido a la Sala Penal, el juez Contreras Campos, en marzo del 2022 vio y resolvió el requerimiento de prisión preventiva de Alvarado Cornelio y otras tres personas investigadas por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, para evitar cuestionamientos, pidió apartarse de conocer el caso, hecho que fue aceptado por los magistrados.
CASO. La investigación de la Contraloría de la República está resumida en 15 tomos, en el que intervinieron ingenieros de sistemas, abogados y auditores, quienes revisaron uno a uno los documentos, órdenes de compra, oficios, memorándums, etc., relacionado al proyecto de inversión denominado: “Mejoramiento de los servicios pedagógicos de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Huánuco” del Gobierno Regional de Huánuco que consistió en la compra de 7995 computadoras portátiles a la empresa Pomme Corporativo SRL.
Según el informe, Juan Alvarado Cornelio, Luz Rodríguez Ramos, Luis Briceño Jara, Ada Gonzáles Soto, Limber García Tafur, Eden Kaid Lavado Loarte, Fredy Hernando Nájera Valentín, Luis Felipe Serna Acosta, Diego Hugo Bances Ballon y Luis Bedregal Gonzáles habrían direccionado la compra y que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes.
Las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas y antes de ser entregadas a los docentes, fueron reensambladas, esto debido que el peritaje determinó que reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB) que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte) requerida en la orden de compra. Asimismo, las computadoras fueron adulteradas, esto debido que cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas.
Según el informe de Contraloría y el cual fue tomado por el fiscal Iván Carrión Cabrera, los funcionarios del gobierno regional incluidos en la investigación dieron conformidad a la recepción de 7995 computadoras portátiles, a pesar de que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y registraba un faltante de 104 equipos de cómputo. Los responsables habrían transgredido la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual afectó la correcta contratación pública y la transparencia en el uso de los recursos públicos, situación que generó un perjuicio a la entidad por 23 225 490,04 de soles.
ALGO +
Desde el 25 de marzo, Juan Alvarado, Luis Bedregal y Luz Rodríguez están prófugos de la justicia, luego que el juez dispuso su ubicación, captura e internamiento al penal.
