El congresista de Perú Libre Alfredo Pariona Sinche presentó proyecto de ley que plantea la muerte civil, por un año, para las personas que adquieran o utilicen celulares provenientes de delito.
El objeto de la norma es establecer agravantes para el delito de receptación y crea la prohibición de realizar trámites civiles para quienes adquieran o utilicen celulares con el IMEI alterado.
Los usuarios de celulares con IMEI adulterado estarán prohibidos de realizar trámites como la suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
De igual forma estarán impedidos de realizar viajes al interior y exterior del país; y en general todo trámite ante la administración pública. Este procedimiento estará a cargo del Ministerio del Interior.
Según el autor, la propuesta se centra en brindar a la sociedad medidas contra la alta sustracción de teléfonos celulares en el país, que oscila en 4,000 al día según Osiptel, lo cual aunado a la reventa, por las necesidad de trabajo remoto o clases virtuales, ha generado un mercado negro, cuya tolerancia social tiñe de sangre las calles.
Todo ciudadano puede comprobar fácilmente si el IMEI es adulterado con solo marcar el *#06#, tras lo cual deberá verificar que el número en pantalla, programable, coincida con el IMEI que está grabado en la parte posterior del equipo móvil o de la batería si es extraíble.
Adicionalmente, el proyecto de ley modifica el artículo 195 del Código Penal con el fin de agravar la pena de 6 a 10 años para el receptador que vende equipos móviles en establecimientos comerciales.
«Comprar un celular robado, constituye el delito de receptación. Es como comprar autopartes robadas. Pero no podemos mandar a la cárcel a miles de compradores a diario. Con ello, la sociedad viene normalizando la compra de estos equipos», advirtió el legislador.
