El 21 de marzo del 2022 el fiscal James Lurita Moreno de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, presentó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis, el requerimiento de acusación contra el entonces gobernador Juan Manuel Alvarado Cornelio, la exgerente regional Graciela Mery Alcedo Guillermo y contra Alfio Esteban Vara; investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Tal delito está tipificado en el primer párrafo del artículo 377 del Código Procesal Penal que indica “si el funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”.
La fiscalía imputa a Juan Alvarado en su calidad de gobernador regional, no haber ejecutado de manera oportuna el presupuesto que el gobierno central transfirió al Gobierno Regional de Huánuco cuyo monto fue de 32 millones 491 mil 936 soles destinados para la lucha contra la Covid-19. Señala que para el 31 de julio del 2020 en el portal de transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas en la genérica de gasto solo había un avance de sólo el 34.4%.
Como titular del pliego presupuestal, el no dirigir y supervisar de manera oportuna la marcha del gobierno regional y sus órganos ejecutivos para el uso correcto del presupuesto para la lucha contra el coronavirus, Alvarado Cornelio, habría incurrido en el delito de omisión o retardo de actos funcionales, y para la fiscalía esta omisión causó consecuencias lamentables en la comunidad huanuqueña. Sólo el 2020, tras la declaratoria en emergencia emitieron entre decretos de urgencia y resoluciones ministeriales.
En tanto, la fiscalía imputa a Graciela Alcedo, en su calidad de gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GRH el retardo de sus funciones al no haber realizado de manera oportuna coordinaciones con las unidades ejecutoras para ver la forma de ejecutar el presupuesto destinado por el gobierno central para la lucha contra el Covid-19.
Mientras que Alfio Esteban, en su calidad de director de la oficina de contabilidad, tampoco cumplió con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
PENA. En la acusación fiscal que consta de 55 páginas, donde está plasmado la Investigación; el representante del Ministerio Público considera que ninguno de los tres investigados tiene antecedentes penales, por lo que la condena que le correspondería a cada uno de los investigados es de 8 meses de pena privativa de libertad que, está dentro de un tercio inferior de la condena base que es dos años.
Asimismo, el fiscal está solicitado el pago de reparación civil de 12 mil soles por el daño emergente causado al Gobierno Regional de Huánuco, las cuales deberán ser pagadas por los tres investigados cada uno 4 mil soles.
En la misma acusación, el fiscal pidió el sobreseimiento o archivamiento en parte de la denuncia por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica para el caso de los tres acusados. El argumento para dicho pedido es que no había elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento en esta parte.
