La Contraloría General detectó perjuicio económico por más de 700 mil soles en las Redes de Salud de Huánuco, Ambo, Pachitea y en el Hospital Regional Hermilio Valdizan. El personal administrativo de estas entidades recibió de forma irregular bonificaciones extraordinarias que el gobierno autorizó en el primer año de la pandemia, cuando solo correspondía al personal de salud que brindó de forma exclusiva atención presencial en áreas de Covid-19.
De acuerdo al informe de control, el perjuicio en la Red de Salud de Huánuco fue de S/ 368 582.40, toda vez que desde mayo a diciembre del 2020 los responsables de esta entidad autorizaron el pago de S/ 720 durante los ocho meses para el personal de diversas oficinas administrativas que no laboraban en unidades de hospitalización, cuidados intensivos, tampoco en servicios de alerta y respuesta a pacientes con Covid-19, de forma que incumplieron el Decreto Supremo n° 068-2020-EF, que estableció los criterios para la bonificación extraordinaria.
En el caso de la Red de Salud de Ambo, las bonificaciones extraordinarias se pagaron durante seis meses a trabajadores que ejercían funciones de directivo y administrativo, y que algunos de ellos se encontraban cumpliendo trabajo remoto, es decir que no cumplían con los criterios para recibir la bonificación. Los funcionarios de esta entidad de salud que autorizaron estos pagos ocasionaron un perjuicio económico por S/ 166 320.00.
En esa misma línea, la Contraloría detectó un perjuicio por S/ 55 584.00 en la Red de Salud de Pachitea, donde otorgaron bonos de manera irregular en favor del personal de confianza, administrativos, vigilantes y servidores con licencia con goce de haber, cuyos cargos y labores no se ajustaban a los criterios definidos en la norma. En esta red entregaron los bonos de marzo a diciembre del 2020 y febrero del 2021.
De manera similar también se produjo en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, en el que durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 y febrero de 2021 incluyeron en la lista de beneficiarios al personal administrativo, lo que generó perjuicio por S/ 144 860.80.
En los cuatro casos, las bonificaciones fueron entregados de manera irregular a servidores públicos que laboraban en áreas de logística, recursos humanos, planeamiento, asistentes técnicos, trabajadores de servicio, técnicos de informática, patrimonio, asesoría jurídica, secretarias, entre otras áreas que no cumplían los criterios para recibir dichas bonificaciones extraordinarias, lo que generó un perjuicio económico por un monto total de S/ 735 347.20.
