Día ‘D’ para el gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio; el empresario, Luis Bedregal Gonzáles; los exfuncionarios Darwin Frank Campos Soto y Luz Janeth Rodríguez Ramos; para quienes la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huánuco está solicitando 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco.
El juez, Elmer Contreras Campos, será quien emite la tan esperada resolución declarando fundado o infundado el requerimiento de prisión preventiva. En las más de 40 horas de audiencia, el fiscal Virgilio Iván Carrión Cabrera, expuso los cinco requisitos que establece la norma para una prisión preventiva, detalló cada uno de los elementos de convicción, las cuales deberán ser evaluados por el magistrado al momento de emitir la resolución.
CASO. El fiscal a cargo del caso, basó su requerimiento de prisión preventiva al informe de auditoría de cumplimiento n° 29224-2021-CG/GRHC-AC, que los funcionarios de la entidad habrían direccionado la adquisición para que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes.
De acuerdo a la sindicación, las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas y antes de su entrega a los docentes, fueron reensambladas, les reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB), que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte).
Asimismo, que las laptops fueron adulteradas; esto, porque cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas de la orden de compra emitida por la entidad.
Los funcionarios del gobierno regional, entre ellos, la gerente de Desarrollo Social, dieron la conformidad a la recepción de 7 995 computadoras portátiles, pese que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y registraban como faltante 104 equipos.
La audiencia que inició el 15 de marzo, continuó el 18, 19, 21, 22 y 23, en los que el fiscal y los abogados de los cuatro investigadores debatieron cada uno de los requisitos.
