Foto referencial
En noviembre de 2019, el personal del puesto de control forestal de Rancho, en la provincia de Huánuco, detectó 34 piezas de madera de la especie andiroba al interior de un contenedor de madera de la empresa P&O Exportaciones y Comercialización S.A.C., junto a 35 518 metros cúbicos de madera debidamente documentados. Y, muy lejos de imponerle la sanción de «Muy Grave» por la magnitud de la falta, lo dejó que, solo pagase una multa equivalente a 135 dólares.
El 17 de diciembre la madera aserrada de P&O, zarpó rumbo a República Dominicana. Al ingresar a dicho país, la aduana dominicana anotó la importación como “cachimbo” y no registró la andiroba. La mercancía provenía de una concesión privada de la empresa maderera Inversiones La Oroza, ubicada en Indiana, en la región Loreto.
Esto se conoció el último fin de semana en un informe de la Interpol que, en sus cálculos precisó que hasta un 60 % de la madera del Perú se comercia de manera ilegal. Lo grave de este panorama es que expertos señalan que los mecanismos para combatir este delito son cada vez más débiles.
Unos de los mayores obstáculos para frenar la tala descontrolada de la Amazonía, que termina degradando el bosque y su capacidad de actuar como sumidero de carbono. Por ello, la Interpol recomendó un trabajo coordinado entre los diversos entes estatales, ya que, actualmente, ante los ojos del mercado internacional el Perú muestra inconsistencias en la comercialización de madera. Los compromisos de Perú con EE.UU. para mejorar la trazabilidad va a paso lento.
La preocupación es porque la tala ilegal contribuye directamente al cambio climático.
