Hechos se registraron en Santa María del Valle donde hubo 19 casos y otras 12 municipalidades distritales y 4 provinciales
La Contraloría General identificó que trece municipalidades distritales y cuatro municipalidades provinciales no realizaron una adecuada focalización de hogares en la región Huánuco, al haber incluido a 44 personas fallecidas como beneficiarios para la entrega de canastas básicas familiares, afectando la transparencia y eficacia de la distribución de alimentos durante la Emergencia Sanitaria por la Covid-19.
Este hecho con indicio de irregularidad se dio a conocer luego de la comparación entre el registro de las entidades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria Covid-19” con la base de datos del Reniec y con la información contenida en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) evidenciándose que registraron como beneficiarios a personas que tienen condición de fallecidos.
El caso más relevante se registra en la Municipalidad de Santa María del Valle, donde detectaron 19 personas fallecidas, debido a que en el “acta de entrega” utilizaron los datos de esas personas y no adjuntaron en la plataforma de la Contraloría los registros respectivos, generando incertidumbre respecto a la entrega efectiva de las canastas.
De la misma manera en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado registraron a 8 personas fallecidas como beneficiarios. Identificaron similar situación en la municipalidad distrital de Amarilis (2); las municipalidades provinciales de Pachitea (1), de Lauricocha (1) y de Huamalíes (1).
Asimismo, en las comunas distritales de Cayna en la provincia de Ambo (1) y San Miguel de Cauri en Lauricocha (1), y en las municipalidades de Santo Domingo de Anda y Luyando en Leoncio Prado, uno en cada caso.
En las municipalidades de Churubamba, San Francisco de Cayrán, Margos y San Pablo de Pillao en la provincia de Huánuco, se registraron un caso en cada uno de esas comunas. En la provincia de Puerto Inca, se presentó un registro en la municipalidad distrital de Tournavista; al igual que en el distrito de Umari en Pachitea y Obas en Yarowilca.
En los 17 informes de “Acción de Oficio Posterior” realizadas a las municipalidades distritales y provinciales se corroboró que la fecha de fallecimiento de los beneficiarios fue anterior a la entrega de la canasta básica familiar, evidenciándose que no cumplieron con su responsabilidad exclusiva de realizar una adecuada identificación y priorización de los hogares vulnerables.
La evaluación de la «Distribución de canastas básicas familiares en el marco del estado de emergencia nacional por el covid-19” fue realizado en el periodo del 28 de marzo de 2020 al 8 de enero de 2021. Los informes fueron emitidos en marzo de este año y recientemente publicados en el portal de Contraloría.
Las situaciones adversas identificadas en los informes de control fueron comunicadas a los titulares de los gobiernos locales con la finalidad de que dispongan medidas destinadas a lograr una eficiente gestión como integrantes del Sistema Nacional de Focalización, dirigida al correcto uso de los recursos públicos en el marco de la política social del Estado.
Para recordar que mediante el Decreto de Urgencia n.° 033-2020, publicado el 27 de marzo de 2020, se autorizó a los gobiernos locales de manera excepcional, la adquisición y distribución de Canastas Básicas Familiares a favor de la población en vulnerabilidad bajo el ámbito de jurisdicción de distintos gobiernos locales. Con ese fin, transfirieron S/ 213’650,000 para que, las municipalidades a nivel nacional, cumplan con el objetivo de mitigar los efectos en la población vulnerable, de las restricciones establecidas en el marco de la declaratoria de emergencia nacional. A la mayoría de las municipalidades asignaron un monto de 200 mil soles para ese fin.
