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Mediante oficio dirigido al director de la V Macro Región Policial Huánuco, general PNP Carlos Enrique Tineo Crispín, el juez Iván Aguirre Antonio del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis, está solicitando que bajo responsabilidad realicen actos de inteligencia para desarrollar de manera secreta y planificada la ejecución del desalojo preventivo y ministración provisional del predio denominado parcela 1, ubicado en San Andrés Alto, poblado de La Esperanza, distrito de Amarilis.
El área del desalojo que debe ser ejecutada es de 1633 hectáreas, el cual está ubicada en paralelo con los predios de Ruperta Ordoñez de Crispín y del predio Jatun Rumi La Pedroza de la comunidad campesina de Yurajhuanca, cuya extensión es de 72 hectáreas, las cuales están invadidas desde el 18 de abril del 2018.
Por este último caso denominado Jatun Rumi La Pedroza, más de 30 personas están cumpliendo prisión preventiva por 18 y 36 meses en el penal de Potracancha sindicadas de integrar la organización criminal “Los Terribles de Huánuco”.
La ejecución de los tres desalojos (La Pedroza y dos en San Andrés) ubicados en paralelo están aprobados judicialmente, por lo que el juez está a la espera de la respuesta del oficio enviado el 16 de marzo del 2021 para la planificación y ejecución del operativo de desalojo. Por la cantidad de invasores en los tres casos judicializados, necesitan un promedio de 2500 policías y más de 20 maquinarias pesadas para la destrucción de las viviendas que fueron construidas en terrenos prohibidos.
Fuentes del Ministerio Público, informaron a Tu Diario que el déficit de policías que hay en la Región Policial Huánuco habría sido informado al Ministerio del Interior por el magistrado, esto con la finalidad que designen agentes de otras ciudades para la ejecución del operativo de desalojo y ministración provisional.
YURAJHUANCA. Desde abril del 2018 las más de 700 personas que están empadronadas en la Comunidad Campesina de Yurajhuanca, esperan que el 90% de sus predios invadidos sean liberados con la expulsión de los invasores que, en su mayoría, construyeron sus casas de material rústico y algunos de material noble.
Los agraviados que reclaman la ejecución de los desalojos pendientes son de la Comunidad Campesina de Yurajhuanca cuyos predios invadidos es Jatun Rumi La Pedroza, inscrita en Registros Públicos y fueron adquiridos a la Dirección Regional de Agricultura mediante contrato de compra y venta el 29 de setiembre de 1978.
Y en San Andrés Alto, los agraviados son: Melania Garay Malpartida y Ruperta Ordoñez de Bedoya.
ALGO MAS
El desalojo en los tres casos (La Pedroza y San Andrés) fue solicitado por el fiscal César Palli Calla, quien investiga a los presuntos integrantes de la organización criminal “Los Terribles”.
