La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, tiene pendiente resolver la sentencia n° 134 emitida el 6 de noviembre del 2018 por el Cuarto Juzgado Unipersonal contra Elías Julián Quispe Sebastián (41), quien fue condenado a ocho años de cárcel tras ser hallado culpable del delito de peculado doloso agravado en agravio de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulán.
La ejecución de la sentencia por corrupción fue suspendida hasta que la Sala resuelva la apelación. Asimismo, dispuso el pago de 130 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la referida municipalidad. Por este mismo caso, Ulbio Danilo Sánchez Prescott (55) en su condición de topógrafo, fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter suspendida y al pago de 5 mil soles de reparación civil.
En la audiencia de apelación desarrollada virtualmente el 6 de noviembre del presente año, el fiscal superior Jeremías Rojas, expuso las razones del porqué, los jueces Richard Ninaquispe, Yofré Castillo y Angélica Aquino, deberían confirmar la sentencia emitida en primera instancia contra ambas personas. Explicó que Julián Quispe en su calidad de tesorero de la municipalidad, retiró 91 mil 018 soles de la cuenta para luego entregar al entonces alcalde, Edgardo Sosa Ramírez, quien también fue condenado a ocho años de cárcel por el mismo delito.
El dinero fue depositado a la cuenta de la municipalidad en mérito a un convenio con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para la construcción de aulas en la Institución Educativa N° 32117 de Antil, el cual no fue ejecutado, pero la defensa pública en la audiencia de apelación, dijo que los 91 mil soles fue destinada para la construcción de la trocha carrozable de Ragrapampa a Bolognesi, otra obra y tenía su propio presupuesto.
Lo expuesto por la abogada, fue debatida por el fiscal superior al asegurar que el oficio del Foncodes, que está en la carpeta fiscal, es un informe oficial de Foncodes que señala que no existe ninguna obra para el cual depositaron el dinero.
Lo que llamó la atención en la audiencia de apelación es que la abogada en el tiempo que ocurrieron los hechos presentados por el Ministerio Público (2006), fue asesora externa de dicha municipalidad y a la fecha busca que la Sala declare nula la sentencia por corrupción contra tres ex funcionarios.
