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La anemia infantil, la violencia escolar, el trabajo infantil y las uniones tempranas continúan afectando las condiciones de vida y las oportunidades de niñas, niños y adolescentes en el Perú. Las tendencias analizadas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), a través de su Observatorio Nacional de Prospectiva, evidencian que estos problemas persisten y presentan importantes diferencias entre territorios y grupos socioeconómicos.
Uno de los principales desafíos se encuentra en la nutrición durante la primera infancia. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2025 del INEI, el 43,4 % de niñas y niños de 6 a 35 meses presenta anemia. Aunque esta proporción es menor que el 57,7 % registrado en 2005, la reducción no ha sido sostenida: después de alcanzar el 38,8 % en 2021, aumentó a 43,7 % en 2024.
Las diferencias territoriales y económicas también son significativas. En el ámbito rural, la anemia afecta al 50,4 % de niñas y niños, frente al 40,5 % del área urbana. Asimismo, alcanza al 53,5 % de quienes pertenecen al quintil de menor riqueza, mientras que en el de mayor riqueza llega al 28,0 %. Por grupos de edad, la prevalencia es más alta entre los menores de 6 a 8 meses (66,0 %). A nivel departamental, Puno registra el porcentaje más elevado (75,4 %) y Tacna, el menor (30,9 %).
La ficha “Persistencia de vulnerabilidad nutricional en la primera infancia”, del Observatorio del Ceplan, relaciona esta situación con la calidad de la alimentación, las infecciones, las condiciones de vida y el acceso oportuno a los servicios de salud. Entre sus recomendaciones señala priorizar el seguimiento de los menores de un año, asegurar la continuidad de controles y tratamientos y focalizar las intervenciones de acuerdo con las brechas territoriales y socioeconómicas. Este desafío se vincula con la meta del Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil 2024-2030, que busca reducir su prevalencia al 37,2 % al año 2030.
Violencia escolar: los reportes superan los registros de años anteriores
Otro problema que requiere atención es la violencia en los entornos educativos. De acuerdo con la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, los casos reportados pasaron de 3635 en 2015 a un máximo de 19 895 en 2023. En 2025 se registraron 19 515 casos y, entre enero y octubre de 2026, la cifra llegó a 20 492, superando el total del año anterior.
En 2025, Lima Metropolitana concentró 6510 reportes, seguida de Arequipa (1491) y Piura (1123). A ello se suma la exposición al acoso escolar identificada por PISA 2025: el 24,1 % de los estudiantes peruanos manifestó haber estado expuesto a alguna forma de acoso, porcentaje superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 19,6 %.
El problema también alcanza los espacios digitales. El 14,6 % de los estudiantes peruanos señaló haber sufrido la difusión de rumores desagradables por medios digitales, frente al 8,6 % del promedio de la OCDE. Asimismo, el 4,3 % reportó la publicación de información desagradable sobre ellos en internet sin su consentimiento, frente al 3,2 % registrado en los países de la organización.
Ante esta tendencia, el Observatorio del Ceplan advierte que las modalidades de acoso podrían adquirir nuevas dimensiones con el avance de las tecnologías inmersivas y la inteligencia artificial. En ese sentido, plantea integrar la prevención con la alfabetización digital y desarrollar competencias socioemocionales y digitales en estudiantes, docentes y familias.
Por ello, recientemente, el Ministerio de Educación aprobó, mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-MINEDU, nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica. Esta medida busca fortalecer la autoridad docente, fomentar el respeto mutuo entre los integrantes de la comunidad educativa y establecer criterios comunes para abordar las conductas que afectan la convivencia y el normal desarrollo de las actividades escolares.
Trabajo infantil y uniones tempranas: persisten las brechas
En materia de trabajo infantil, los indicadores muestran una reducción a nivel nacional: la proporción de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en esta situación pasó del 14,8 % en 2012 al 7,7 % en 2025. Sin embargo, la diferencia entre ámbitos geográficos sigue siendo amplia. En el área rural, el porcentaje alcanza el 22,3 %, mientras que en la urbana se sitúa en 3,7 %.
Por su parte, las uniones tempranas también registran una disminución. El porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que se casaron o iniciaron una unión antes de cumplir los 18 años pasó del 20,1 % en 2010 al 17,2 % en 2025. En el caso de las uniones antes de los 15 años, la proporción descendió del 3,0 % al 2,3 % en el mismo periodo.
Las tendencias examinadas por el Ceplan muestran que estos desafíos están relacionados con condiciones sociales estructurales y requieren una mirada integral. Por ello, el Observatorio plantea fortalecer los sistemas de protección de la infancia mediante la articulación de los gobiernos subnacionales y sectores como educación, salud, justicia y protección social, junto con acciones vinculadas al trabajo decente y la participación comunitaria.
La evidencia presentada por el Observatorio del Ceplan permite identificar los avances, las brechas que persisten y los nuevos riesgos que inciden en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Su análisis contribuye a incorporar una perspectiva de largo plazo en la comprensión de estos desafíos y en las intervenciones públicas orientadas a la protección de la infancia.




