En el Perú es frecuente que una ley se publique con bombos y platillos y luego quede en pausa durante meses, o años, porque el Ejecutivo no aprueba su reglamento o no habilita el trámite que la hace funcionar. Una propuesta presentada en la Cámara de Diputados busca que ese retraso deje de ser invisible.
Se trata de la Proposición Legislativa 00817/2026-2031-CD, impulsada por la diputada Mady Verónica Yonz Núñez y suscrita por integrantes del grupo parlamentario Renovación Popular. Plantea crear un Registro Público de Seguimiento de la Reglamentación y la Implementación de las Leyes, digital, gratuito y administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El problema que quiere resolver
Según la exposición de motivos, hoy la información sobre si una ley ya fue reglamentada o aplicada está dispersa en normas, expedientes, reportes y portales de distintas entidades. Quien quiere saberlo —un ciudadano, un periodista o un congresista— tiene que reconstruirlo caso por caso.
Qué cambiaría si se aprueba
- Un solo lugar para consultar. Por cada ley y cada obligación se vería qué entidad es responsable, el plazo, el estado de avance y lo que falta. La información sería descargable y conservaría el historial de cambios.
- Plazos para los ministerios. Cada entidad tendría 20 días hábiles desde la publicación de una ley para registrar sus obligaciones, y debería actualizar los datos en los primeros 10 días hábiles de cada mes.
- Alertas visibles. Si vence un plazo legal sin cumplirse, el registro mostraría una alerta que no desaparece hasta que la obligación se cumpla o cambie la ley. Dentro de los 10 días hábiles siguientes, la entidad tendría que explicar las causas del retraso y sus medidas correctivas.
- Reglamentar no basta. El texto aclara que aprobar un reglamento no prueba por sí solo que la ley ya se esté aplicando.
- Informe al Congreso. La PCM enviaría cada semestre a la Cámara de Diputados un informe consolidado con los plazos vencidos y las dificultades encontradas.
Lo que no haría
El registro tendría carácter informativo: no sería requisito para que una ley rija ni para ejercer derechos. Tampoco impondría sanciones automáticas; los incumplimientos se comunicarían a la autoridad competente para que evalúe responsabilidades según el debido procedimiento. Solo abarcaría obligaciones del Poder Ejecutivo, sin tocar las competencias de gobiernos regionales o municipales, y respetaría las reglas de transparencia y protección de datos personales. Según la propuesta, se financiaría con los presupuestos que ya tienen las entidades, sin recursos adicionales del Tesoro.
Qué viene ahora
Por ahora es solo una propuesta. Debe pasar a la comisión que corresponda, obtener un dictamen favorable y ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados; luego le tocará al Senado revisarla. Si se convierte en ley, el texto prevé estos plazos:
- 60 días calendario para que el Ejecutivo apruebe el reglamento.
- 90 días calendario para que la PCM ponga en marcha el registro. Mientras tanto, cada entidad publicaría la información en su propio portal.
- 120 días calendario para incorporar las obligaciones de leyes anteriores que sigan pendientes.
Un detalle: la ley que crearía este registro también necesitaría su propio reglamento, el mismo tipo de paso que la iniciativa busca vigilar en el resto de normas.
Fuentes: Agencia Andina · Texto de la Proposición Legislativa 00817/2026-2031-CD (Cámara de Diputados)




