El informe defensorial n° 223 denominado «El derecho a una vivienda y la vulneración del debido proceso a los pobladores del predio Jatun Rumi -Pedroza Huánuco» fue presentado ayer ante las personas que desde el 2018 ocupan de manera ilegal las 72 hectáreas de terrenos de la comunidad campesina de Yurajhuanca. El documento que costa de 60 páginas y tiene como fecha 3 de julio del 2026 fue elaborado por el programa de Litigio estratégico de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales a cargo de María Vidal Senador.
En la introducción informa que la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión al predio Jatun Rumi – Pedroza, ubicado en el poblado La Esperanza, distrito de Amarilis. Explica que la intervención fue ante la amenaza de desalojo de de un aproximado de 6200 familias asentadas en el predio en ejecución de una sentencia que dispuso la restitución a favor de la Comunidad Campesina de Yurajhuanca.
Para realizar el informe, recogieron información de la Sunarp, documentos del Archivo General de la Nación, la Dirección Regional de Agricultura, expedientes judiciales y penales vinculados. En la identificación del predio rústico denominado «Jatun Rumi – Pedroza», indica el 4 de setiembre de 1978 fue adjudicado en el marco de la ley de Reforma Agraria e inscrito en Registros Públicos a favor de la Comunidad Campesina de Yurajhuanca.
Inicialmente dicho predio contaba con una extensión de 74 hectáreas y 5600 metros cuadrados, posteriormente dos hectáreas fueron entregados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quedando actualmente una extensión de 72 hectáreas y 5600m2.
En el 2018, el predio fue invadido por pobladores, entre ellos los integrantes de la asociación de vivienda de la comunidad campesina de la Microcuenca de Manca Pozo’, quienes transformaron el terreno agrícola en extensión urbana.
Las 6200 familias que viven en dicho predio no han sido regularizados por el gobierno regional, tampoco por la municipalidad de Amarilis, razón por la cual los dirigentes de la comunidad campesina de Yurajhuanca denunciaron por usurpación a los dirigentes e integrantes de la asociación de viviendas que están considerados en los expedientes 631-2019 y 902-2022, dónde más de 30 personas fueron sentenciadas y los jueces ordenaron la restitución del bien.
«Habiéndose dispuesto la restitución del bien usurpado a título de desalojo no solo respecto de los dirigentes condenados, sino también respecto de los integrantes de la referida asociación y demás terceros ocupantes asentados en el predio la eventual ejecución de dicha medida involucraría aproximadamente a 6,200 familias. Tal situación podría generar un grave conflicto social debido a la magnitud de la población comprometida», dice parte del informe.
RECOMENDACIONES. Al Poder Judicial pide observar que la sentencia penal n° 116-2023 contenida en la resolución 38 del 26 de octubre de 2023, del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Huánuco, ejecute en sus propios términos considerando que tiene la calidad de cosa juzgada, para lo cual es necesario que determine, que el área del predio objeto de la restitución de la posesión dispuesta en la etapa de ejecución (72 hectáreas y 5,600 m²), sea la misma proporción del predio ordenada en la sentencia penal.
También pide considerar que toda decisión jurisdiccional deberá tener el enfoque de derechos humanos, protección de grupos vulnerables, proporcionalidad y prevención de conflictos sociales, considerando la magnitud de la población asentada en el predio «Jatun Rumi-Pedroza» y las consecuencias que podrían derivarse de una intervención estatal de gran escala, más aún si dicha población esta en situación de pobreza y extrema pobreza.
Al Ministerio Público pide investigar si en el proceso penal omitieron o tergiversaron información sobre la extensión ocupada, la existencia de terceros poseedores y la situación jurídico-registral del predio; ejercer sus funciones constitucionales como defensores de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el ordenamiento jurídico, velando y previniendo cualquier actuación relacionada con la ejecución de resoluciones judiciales presuntamente fraudulentas, así como desarrollar sus funciones con estricto respeto de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas evitando afectaciones a sus derechos.
Observar que los requerimientos fiscales orienten a evitar situaciones de violencia, conflictividad social o vulneración de los derechos fundamentales de los terceros ocupantes del predio «Jatun Rumi-Pedroza», quienes en su mayoría están en un estado de alta vulnerabilidad.
También recomienda a la Policía, garantizar que en toda intervención policial en apoyo al servicio de administración de justicia desarrolle con estricto respeto de los derechos humanos, observancia de los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, así como de los protocolos nacionales e internacionales aplicables.
También pide coordinar previamente con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Gobierno Regional, los gobiernos locales y las entidades de protección social competentes, a fin de adoptar medidas preventivas destinadas a evitar situaciones de violencia, afectaciones a la integridad personal o vulneraciones de derechos fundamentales en el marco de un proceso judicial que afecta a población en gran escala.
Incorporar en la planificación operativa la información relacionada con la presencia de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales identificados en el ámbito del conflicto, a fin de adoptar medidas diferenciadas de protección.
ALGO +
En Jatun Rumi Pedroza, existen beneficiarios de programas sociales como: Contigo, Juntos, Cuna Más y Pensión 65;
