La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Marcos Durán Martel atraviesa una situación crítica que pone en peligro la renovación de su Licenciamiento Institucional ante el Ministerio de Educación (Minedu), debido al vencimiento de los plazos para acreditar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad exigidas.
Así lo advirtió el director general de la institución, Elmer Serna Román, quien precisó que el principal obstáculo radica en la imposibilidad de subsanar el último requisito en materia de seguridad: la culminación del cerco perimétrico.
Según explicó, la obra se encuentra paralizada debido a disputas limítrofes con la Institución Educativa de Aplicación Marcos Durán Martel, cuya comunidad educativa habría impedido la continuidad de los trabajos tras ocupar parte del terreno perteneciente al pedagógico.
A este conflicto interno se suma una denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público por la Autoridad Local del Agua (ALA) Alto Huallaga, que acusa a la casa superior de estudios de invadir la franja marginal de 25 metros en la margen derecha del río Huallaga mediante la apertura de una vía.
De prosperar la exigencia de la ALA para ceder dicha franja paralela al afluente, la institución se vería obligada a demoler gran parte de su infraestructura actual.
Al respecto, Serna Román rechazó cualquier responsabilidad de su entidad y señaló que la denuncia debería dirigirse contra el Gobierno Regional Huánuco de la gestión 2015-2018 (encabezada por Rubén Alva Ochoa). Recordó que fue dicha administración regional la que abrió la vía cercana a la ribera del río y demolió el antiguo cerco perimétrico del pedagógico, dejando sus instalaciones expuestas a la inseguridad y a personas de mal vivir. Por ello, exigió el archivamiento de la acusación fiscal contra la institución educativa.
Frente a este escenario que compromete la continuidad de la formación docente en la región, el director general anunció que ha solicitado formalmente la intermediación de los congresistas representantes de Huánuco.
El pedido busca gestionar mesas de trabajo con el Ministerio de Educación y los organismos competentes para salvaguardar el proceso de licenciamiento institucional, así como lograr el saneamiento físico-legal definitivo del predio y la culminación del cerco perimétrico.
