El Ministerio del Interior informó que el Comando Unificado desarticuló las operaciones de la organización criminal “Alcaeda”, dedicada presuntamente a la extorsión de empresas y transportistas que circulaban entre el Callao y Lima. En total, 12 presuntos integrantes fueron detenidos en dos intervenciones, incluida Liz Sabina Katherine del Carmen Vílchez Guillén, conocida como alias “Liz” e identificada como objetivo de alto valor.
Según la nota oficial del Mininter, las acciones combinaron inteligencia, seguimiento aéreo y despliegues policiales simultáneos, con participación de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Grupo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado (SCOTT) y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).
Cómo operaba la red
Las investigaciones establecieron que “Alcaeda” mantenía una estructura jerárquica orientada a cobrar cupos a empresas de transporte público y a conductores informales de la ruta entre el paradero Marco Polo (Callao) y la Plaza Unión (Cercado de Lima). Entre las presuntas víctimas figuran las empresas Nuevo Reynoso, Néstor Gambetta y P.A.S.S.
El modus operandi, de acuerdo con el Mininter, incluía seguimiento y “marcaje” de unidades, paraderos, propietarios y placas. Luego, los conductores eran obligados a unirse a grupos de WhatsApp donde recibían audios amenazantes, fotografías de armas y videos de atentados previos. El cobro diario habría iniciado en S/10 desde diciembre de 2025 y luego subió a S/15 por vehículo. El dinero se transfería por billeteras digitales Yape, Plin y Ágora, usando cuentas receptoras rotatorias para dificultar el rastreo.
Ante demoras o negativas de pago, la organización habría ordenado represalias: incendios de unidades con artefactos explosivos, colocación de dinamita y ataques con armas de fuego, inclusive mediante sicarios, según la misma fuente oficial.
Dos golpes: 15 y 27 de octubre
El primer megaoperativo se ejecutó el 15 de octubre de 2026 desde las 2:00 a. m., de forma simultánea en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca e Ica. Allí se detuvo preliminarmente a 11 presuntos integrantes, se allanaron 11 inmuebles y se intervinieron cuatro celdas en establecimientos penitenciarios (una en el Anexo de Mujeres de Chorrillos y tres en Maranguita).
Entre los detenidos de esa fecha el Mininter mencionó a Genaro Pintado Ramos (“Genaro”), José Puma Ortiz (“José”), Mateo Atehortua Taborda (“Mateo”), Yorman Manrique Gutiérrez (“Yorman”), Ángel Paredes Chinchay (“Ángel”), Pascual Sánchez Guevara (“Viejo Pascual”), Claudia Rojas Verona (“Claudia”), Carolina Santiesteban Inoñán (“Caro”), Alfredo Salvatierra Yáñez (“Alfredo”), Kelly García Vásquez (“Kelly”) y Mia Caballero Quispe (“Mia”). Pascual Sánchez habría actuado como facilitador de la recaudación; el resto, como recaudadores, según la investigación citada por el ministerio.
En esas diligencias se incautaron 25 teléfonos celulares, 29 tarjetas bancarias, dos laptops, 15 chips SIM, tres tabletas, cinco dispositivos USB, un disco duro, S/2 290 en efectivo y documentos con contenido extorsivo.
El segundo golpe llegó el 27 de octubre, cerca de las 7:45 p. m., en Ventanilla: efectivos del Grecco, en coordinación con Digimin, capturaron a alias “Liz”. Su detención preliminar se ejecutó por resoluciones del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas. En esa intervención se incautó un celular para análisis forense.
Qué implica para el transporte y para regiones como Huánuco
Aunque el foco geográfico de esta red fue la ruta Callao–Lima, el esquema ilustra un problema que afecta a todo el país: cuando el transporte urbano e interprovincial opera bajo amenaza, suben los costos operativos, se reduce la oferta de unidades y el riesgo se traslada al pasajero. Las rutas que conectan Huánuco con Lima y el Callao dependen de ese mismo corredor logístico; un clima de extorsión en la capital impacta, de forma indirecta, a conductores, empresas y familias de provincias que llegan o salen por esos terminales.
El modelo del Comando Unificado —inteligencia + policía especializada + cooperación internacional— apunta a golpear estructuras, no solo a detener a “recaudadores” de calle. Para la ciudadanía, el cambio esperado es que las investigaciones nominales, el seguimiento aéreo y el trabajo con cuentas digitales reduzcan la impunidad de las redes que usan Yape, Plin o WhatsApp como herramientas de coerción.
Conviene precisar que se trata de detenciones preliminares y de hechos aún bajo investigación judicial. Una nota anterior de la Fiscalía sobre desarticulación de “Los Alcaeda” corresponde a una etapa previa; no debe confundirse con el balance consolidado de 12 capturados que el Mininter difundió el 4 de noviembre de 2026.
Fuentes: Ministerio del Interior (gob.pe); Andina.
