Ayer por varias horas, policías de Anticorrupción, la procuradora pública Anticorrupción, Krupskaia Beraún Aguirre, un representante del Ministerio Público, la defensa técnica de la empresa Tahuantinsuyo y el perito del Colegio de Ingenieros del Perú – sede Huánuco realizaron la diligencia de inspección pericial en la Institución Educativa Inicial n° 223 de Colpa Baja.
Durante el recorrido, el especialista recolectó las deficiencias que existen en la infraestructura, las cuales serán plasmadas en su informe técnico que deben ser emitidos en un plazo máximo de 30 días.
«Lo que hizo hoy (ayer) fue recolectar información, luego va revisar la documentación, el expediente para emitir su informe técnico sobre la obra en cuestión», dijo una fuente que participó en la diligencia programada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a pedido o por recomendación de la procuradora pública.
Las deficiencias detectadas por Contraloría General de la República son: grietas y rajaduras en muros de concreto, columnas de soporte y paredes. También está hundimientos y desniveles en el patio, pisos colapsados en las aulas principales y desniveles en las gradas de ingreso; daños en el cerco perimétrico y filtraciones y humedad en el techo y acumulación de humedad en distintos ambientes del plantel.
OBRA. La obra fue ejecutada mediante un convenio entre el Gobierno Regional de Huánuco y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED). En el 2018 la obra fue liquidada en la primera parte por 919,720 soles, y el proyecto fue culminado por administración directa en el 2021 e inició su funcionamiento ese mismo año.
En el proceso de transferencia, PRONIED comunicó en el 2025 la existencia de un informe de Defesa Civil de la Municipalidad Provincial de Huánuco declarando la infraestructura en peligro de colapso. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno regional no ha ejecutado las acciones necesarias para solucionar las deficiencias. El costo actualizado del proyecto ejecutado por el consorcio Tahuantinsuyo cuyo representante legal era Antonio Pulgar Lucas es de 1’664 984 soles.
Las diligencias para determinar responsabilidades están en curso a cargo de la policía y fiscalía Anticorrupción.
