Por falta de personal médico, fallas en el control de fármacos e irregularidades en los turnos del personal asistencial, la Contraloría General de la República advirtió serias deficiencias en el Centro de Salud Aucayacu y en el Puesto de Salud de Supte San Jorge. Las observaciones quedaron plasmadas en el Informe de Hito de Control N° 024-2026-OCI/0691-SCC, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco.
Según el documento de control, el Centro de Salud Aucayacu presenta severas limitaciones en la disponibilidad de personal médico. Esta situación impide garantizar la programación regular de las consultas externas en medicina general y otras especialidades de su cartera de servicios.
Como consecuencia, se viene restringiendo el acceso oportuno a la atención médica y provocando el diferimiento o postergación de diagnósticos, tratamientos y el seguimiento adecuado de las enfermedades de la población usuaria.
El informe técnico también revela desórdenes en la gestión del Servicio de Insumos y Medicamentos (SISMED) del Centro de Salud Aucayacu, donde no se registran a tiempo las recetas de los medicamentos dispensados. Esta falla resta confiabilidad al inventario y pone en riesgo el abastecimiento oportuno de fármacos.
A esto se suma que tanto el Centro de Salud Aucayacu como el Puesto de Salud de Supte San Jorge presentan deficiencias en el monitoreo adecuado de la temperatura y humedad en sus áreas de Farmacia, además de carecer de la acreditación sobre el control de plagas. Dichas condiciones amenazan la adecuada conservación, seguridad y calidad de las medicinas almacenadas.
Finalmente, el órgano de control identificó que el personal asistencial de ambos establecimientos realiza sus labores sin ajustarse a los roles de turnos previamente aprobados. Se detectaron modificaciones de horarios sin sustento documental, así como la presunta inejecución de guardias comunitarias que sí figuraban como programadas.
Esta situación no solo vulnera el control de asistencia y permanencia del personal sanitario, sino que genera el riesgo de pagos indebidos por servicios no prestados y compromete el cumplimiento de las actividades de salud en beneficio de la comunidad.
