En una decisión clave para la agenda legislativa y gubernamental, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un periodo de 90 días calendario. Esta medida permitirá al Gobierno adoptar acciones extraordinarias enfocadas en dos frentes prioritarios: el combate a la inseguridad ciudadana y la prevención, respuesta y recuperación ante los embates del fenómeno El Niño.
La autógrafa fue suscrita por el presidente del Congreso y del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, junto al primer vicepresidente Alejandro Muñante Barrios, para ser enviada a la Presidencia de la República para su posterior promulgación.
Durante la sustentación de la norma, Carlos Mesía Ramírez, presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, resaltó la labor revisora de la cámara alta, la cual permitió ampliar el alcance de la delegación de 20 a 27 materias legislativas.
En el ámbito de la seguridad, el Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos para fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, optimizar la fiscalización de armas y endurecer las medidas contra la extorsión, el sicariato y la ciberdelincuencia.
Además, el paquete abarca la modernización del sistema penitenciario y el ajuste de los controles migratorios y regímenes de nacionalización, bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y los derechos fundamentales.
Respecto a la emergencia climática, las facultades extraordinarias otorgadas permitirán acelerar la entrega de ayuda humanitaria, apoyar de manera directa a los productores agrarios golpeados por los eventos meteorológicos y simplificar los trámites administrativos para la reconstrucción de infraestructura.
De igual forma, se contempla la implementación de soluciones de vivienda y acceso a servicios básicos para las familias damnificadas por las lluvias, desbordes y sequías asociadas al fenómeno El Niño.
A fin de garantizar la transparencia en el uso de estas atribuciones, la norma estipula que las medidas adoptadas no estarán exentas de la fiscalización del Sistema Nacional de Control. En esa línea, los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros y de las carteras de Interior, Defensa, Justicia, Economía, Vivienda y Desarrollo Agrario deberán presentar un informe escrito a la Comisión de Constitución del Senado en un plazo máximo de 60 días sobre la implementación de los decretos aprobados.
